La semana pasada, la presidenta de la Fundación, Carmen Cafranga, presentó su dimisión tras verse involucrada en el escándalo. La Fundación Caja Madrid mantiene contactos desde esta semana con dos fiscales anticorrupción en excedencia para cerciorarse de que puede reclamar los gastos cargados a las ‘tarjetas b’ de la antigua caja de ahorros.
Según publica la agencia Europa Press, la Fundación Caja Madrid ha contratado como asesores para este proceso a Adriana de Buerba, socia del área de Derecho Penal Económico del despacho Pérez-Llorca, y a Jesús Santos Alonso, socio del área de Penal de Baker & McKenzie. Además, la fundación contará con el asesoramiento de la consultora Grant Thornton, especializada en informes ‘forensic’, según publica Expansión.
“Tenemos que tener la certeza de que se puede o no reclamar”, señalan estas fuentes a la agencia, ya que la Fundación hereda la parte social y cultural de la antigua caja madrileña.
El escándalo sobre las ‘tarjetas b’ ha salpicado a la Fundación Caja Madrid desde el primer momento en el que saltó a la luz pública. Un día después de que Anticorrupción pidiera investigar a 86 antiguos directivos de Caja Madrid por cargar a la entidad gastos privados por 15 millones, la presidenta de la Fundación Obra Social y Monte de Piedad Caja Madrid, Carmen Cafranga, presentó su dimisión. Cafranga habría gastado 175.200 euros desde 2003 a 2012.
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