A través del proceso de arbitraje que se llevó a cabo en Bankia, Novagalicia y CatalunyaCaixa, los preferentistas han recuperado en un año unos 3.000 millones de euros. El proceso de arbitrajes impulsado por el ministro de Economía, Luis de Guindos, para que los afectados por las participaciones preferentes pudiesen recuperar sus ahorros ha servido para que se devuelvan unos 3.000 millones de euros. Sin embargo, la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae) denuncia que un 63% de los afectados sigue sin encontrar una solución para su caso.
A través del proceso de arbitraje que se llevó a cabo en Bankia, Novagalicia (ahora Abanca) y CatalunyaCaixa (recientemente adquirida por BBVA), los preferentistas han recuperado en un año unos 3.000 millones de euros de los 9.772 millones que captaron a 534.500 consumidores, según los cálculos de Adicae, que critica en su blog el “carácter sesgado de este procedimiento”.
En concreto, la asociación calcula que todavía hay unos 377.000 afectados sin solucionar su caso, por lo que incide en la necesidad de realizar “un arbitraje universal y colectivo”, que de una “solución definitiva” al problema de las preferentes.
De los 534.500 consumidores a los que Bankia, Novagalicia y CatalunyaCaixa colocaron 9.772 millones de euros en preferentes, únicamente han resuelto su caso a través del arbitraje 222.382.
A los 312.118 restantes hay que sumar además los aproximadamente 65.000 afectados con productos de Liberbank y Banco Ceiss, que siguen “sin tener una solución justa”, señala Adicae. Todavía quedan unos 377.000 afectados sin solucionar su caso, es decir, el 63% del total. La mayoría de ellos, además, no tienen ya preferentes puesto que las cambiaron por bonos o acciones, asumiendo además importantes pérdidas.
Adicae ha denunciado en numerosas ocasiones la manipulación de los procesos de arbitraje, sobre todo, a la hora de acceder a ellos. Entre algunos de los problemas que denuncia, destacan la denegación de solicitudes de ahorradores con un perfil claramente conservador en materia de finanzas; la parcialidad y falta de objetividad de las consultoras designadas para hacer la criba sobre el acceso al arbitraje.
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