La defensa de Silva, ejercida por el abogado Gonzalo Boyé, ha pedido la absolución de su cliente al no haber quedado acreditado un proceder delictivo. La Fiscalía ha pedido que el juez Elpidio José Silva sea condenado a una pena de 30 años de inhabilitación porque se ha saltado la ley con sus “tropelías jurídicas” y ha cometido “uno de los delitos más graves” que a su juicio puede cometer un juez, como sería prevaricar de forma continuada en la investigación sobre el ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa para intentar “perjudicarle”.
“Con el juez Silva, la justicia va a estar desahuciada, por eso no puede ser juez”, ha llegado a defender, según recoge Europa Press, el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, en la quinta sesión del juicio que ha sentado en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al juez en excedencia Elpidio José Silva, por presuntos delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual de Blesa.
Moix ha elevado este viernes a definitiva su petición de pena al entender que el acusado “abusó” de su función judicial “imponiendo su voluntad sobre la ley” de forma “sistemática, reiterada y constante” cuando dictó múltiples resoluciones en la investigación sobre el crédito de 26,6 millones de euros al entonces consejero Gerardo Díaz Ferrán y sobre la compra del City National Bank de Florida por parte de Caja Madrid.
El representante del Ministerio Público ha arrancado su intervención recordando que en este acto “no se está juzgando a Blesa”, quien está siendo investigado en otros órganos por el banco de Florida y la emisión de preferentes. “El único que está siendo objeto de enjuiciamiento es Silva por haber cometido uno de los delitos más graves que puede cometer un juez en el ejercicio de sus funciones, que es prevaricar”, ha añadido.
Para el fiscal, el acusado dictó unos autos “absolutamente injustos” para enviar el 16 de mayo y el 5 de junio a Blesa a la prisión de Soto del Real, ya que, a su juicio, “ningún dato” indicaba que el exbanquero “se iba a dar a la fuga” o podía destruir pruebas.
Poco antes, el abogado de Blesa, Carlos Aguilar, ha elevado a definitiva su petición de 40 años de inhabilitación para el acusado, mientras que el letrado de Díaz Ferrán, Nicolás González-Cuellar, ha pedido apartarle durante 24 años de la función jurisdiccional.
La defensa de Silva, ejercida por el abogado Gonzalo Boyé, ha pedido la absolución de su cliente al no haber quedado acreditado un proceder delictivo y ha denunciado que se han vulnerado sus derechos fundamentales al ser investigado “a sus espaldas” antes de que la Fiscalía se querellase contra él.
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