La Audiencia Nacional abre juicio a la antigua cúpula de Novacaixagalicia por las pensiones millonarias

El juez impone a los cinco exdirectivos de la entidad gallega una fianza de 18,9 millones para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se les pudieran imponer. La Audiencia Nacional ha acordado abrir juicio oral a 5 antiguos directivos de Novacaixagalicia, surgida de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, entre ellos a su excopresidente Julio Fernández Gayoso, por el supuesto cobro indebido de prejubilaciones millonarias.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, decide además abrir juicio oral al ex director general de la entidad, José Luis Pego; al ex director general adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes; al antiguo responsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán; a uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada, y al abogado Ricardo Pradas.

En el auto, con fecha de 4 de julio, al que ha tenido acceso la agencia Efe, el magistrado da 20 días de plazo para que presenten escrito de defensa frente a las acusaciones de apropiación indebida o, alternativamente, de estafa, y para que de forma solidaria y en el mismo plazo presenten una fianza de 18.915.292 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se les pudieran imponer.

Se ratifican, además, las medidas cautelares de carácter personal adoptadas en el transcurso de este proceso.

El juez Moreno relata que, a mediados de 2010, con motivo de la fusión de Caixagalicia y Caixanova y de la primera petición de ayuda al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de 1.162 millones, Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán, que pertenecían a la segunda entidad, acordaron con el máximo representante Fernández Gayoso “mejorar sus contratos de alta dirección” para “preparar su previsible y futura salida de la entidad”.

Así, Pego firmó los nuevos contratos por los que se sustituían los anteriores, “introduciéndose mejoras en las retribuciones a percibir” en caso de “desestimiento unilateral de su relación laboral”, modificaciones que “fueron ocultadas” al Consejo de Administración.

“De esta manera, con abuso de confianza y engañando al consejo (de administración) de Novacaixagalicia, los acusados consiguieron que la nueva caja se subrogara en las obligaciones que, según les informaron, habían sido previamente adquiridas por Caixanova en materia de retribuciones de altos directivos”, por lo que pensaron que databan de los antiguos contratos.

A propuesta de Fernández Gayoso se acordó que Pego también suscribiera un contrato de alta dirección con García de Paredes, antiguo directivo de Caixagalicia “en las mismas condiciones” que los anteriores.

En ejecución del “plan previamente concebido para preparar su salida de la entidad y con pleno conocimiento de su próxima bancarización”, el 15 de agosto de 2011 se reúne el consejo de administración de NGC, donde comparece Pradas para plantear “de manera abstracta, sin identificar a qué personas podía afectar ni tampoco las provisiones necesarias”, que concurría uno de los supuestos necesarios, el de la fusión de entidades, para extinguir el contrato de los directivos.

También informó de los conceptos retributivos para éstos, que eran los mismos que “para el resto de personal de la plantilla y que no existen cláusulas de blindaje, lo cual era manifiestamente incierto”.

Por ello, el consejo, en la creencia de que los cuatro directivos deberían cobrar por los mismos conceptos que el resto de la plantilla que se acogió al plan de prejubilaciones, declara otra vez vigentes los antiguos contratos y decide dotar una provisión “cuya cuantía no se concreta” para el supuesto de que algún día, “en el marco de un futuro incierto”, se produjera el cese voluntario.

En septiembre, Fernández Gayoso aprobó y liquidó los importes de Pego, que se embolsó 7,7 millones; Rodríguez Estrada (691.261 euros) y de Gorriarán (4,8 millones). Mientras, José María Castellano, como presidente de la nueva entidad fusionada, liquidó la indemnización de García de Paredes de 5,6 millones “en la creencia de que la misma se ajusta a la legalidad”.

Dichas liquidaciones, sus conceptos e importes, insiste el juez, “no fueron conocidos ni aprobados por el Consejo de Administración de la caja ni tampoco por el Banco de España hasta después de su pago”, e incumplieron lo pactado con el FROB en materia de retribuciones de altos cargos y con la obligación de informar al supervisor, recoge la agencia Efe.

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