El laboratorio de ideas del PP defiende que la prestación por desempleo deje de ser consideraba como un derecho y pase a considerarse como un seguro que cubre una contingencia. La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) ha propuesto que las empresas puedan contratar personal con sueldos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) –situado en 645 euros- y que sea el Estado el que se haga cargo de la diferencia a través de ayudas, ya sean cotizaciones empresariales o el propio salario, para “favorecer la contratación de colectivos específicos garantizando su nivel de bienestar”.
El laboratorio de ideas del Partido Popular apunta que el objetivo es “evitar que el salario mínimo se convierta en una barrera para la entrada en el mercado laboral”.
En el estudio ‘Reflexiones sobre el mercado de trabajo: continuar la reforma’, la FAES señala que “el salario mínimo español resulta elevado cuando se compara con el salario mínimo medio de los países de la OCDE” y para reducir el desempleo “tan deseable puede ser la reducción o eliminación” del mismo “como el establecimiento de niveles salariales distintos para los diferentes grupos de población”.
“Así es posible fijar un salario mínimo más bajo para la población joven, de menos de 25 o 30 años, con más dificultades de colocación, que el que existiría para el resto de la población; o bien utilizar el nivel de cualificación de la mano de obra para establecer los diferentes niveles de salarios mínimos”, añade.
La fundación que preside José María Aznar aboga por simplificar el número de contratos y de bonificaciones «con las que se ha querido privilegiar a ciertos colectivos», así como homogeneizar los costes del despido de todos ellos.
En este sentido, la fundación también pide que la prestación por desempleo deje de ser consideraba como un derecho y pase a considerarse como un seguro que cubre una contingencia. Además, propone traspasar la indemnización por despido a un sistema de cuentas de ahorro individuales similar al modelo austríaco, y que se podría implantar en España «ya sea en estado puro o complementado con la modalidad de unos costes de despido moderados pero crecientes a cargo del empleador».
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