La promotora del proyecto reclama hasta 1.700 millones de euros al Gobierno por los costes operativos y gastos extraordinarios. La sociedad propietaria del almacén subterráneo de gas Castor, Escal, en la que participan ACS, con un 66,7%, y la canadiense UGS, con el resto del capital anunció ayer que quiere renunciar a la concesión de explotación del almacén subterráneo de gas natural Castor. La compañía necesita la autorización del Ministerio de Industria, lo que podría desembocar en una larga batalla judicial.
La compañía ha iniciado el proceso para obtener la autorización previa por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI) –con 300 millones de euros en bonos – y, eventualmente, de la asamblea de titulares de los bonos que emitió el año pasado (algo más de 1.400 millones) para financiar el proyecto. Pero también necesitaría el visto bueno del Gobierno, según señalan los analistas de Banco Sabadell, “lo que en su caso podría llevar a un pleito judicial que podría ser largo en el tiempo para determinar cuánto y en qué condiciones tendría que abonarse a la concesión como compensación”.
En la misma línea se pronuncian los expertos de Bankinter: “Puede desencadenarse un contencioso legal entre el gobierno y la concesionaria para determinar quién paga la infraestructura”.
La sociedad se adjudicó en 2008 la construcción y explotación del almacén Castor. La actividad de la instalación fue suspendida por el Ministerio de Industria el año pasado tras los seísmos que se desencadenaron en las costas de Castellón cuando se inició el llenado de la planta con la inyección de gas colchón y que provocaron un fuerte rechazo social en la Comunidad Valenciana y Cataluña.
El contrato de emisión de los bonos firmado hace un año contemplaba que si antes de noviembre de 2014 la instalación no había entrado en funcionamiento los bonistas podrían exigir la devolución completa de los 1.400 millones invertidos. ACS, como socio mayoritario, había firmado un convenio de apoyo financiero que le comprometía a respaldar esas obligaciones.
Si la empresa renuncia a la concesión sólo tendrá que afrontar un pago parcial y el resto debería ser asumido por la indemnización contemplada en la concesión. Sin embargo, según señalan los expertos es imposible asegurar el importe o los plazos de esa indemnización. «La indemnización es posible sobre el papel, pero la decisión sobre la cantidad y la mecánica de la compensación pueden tardar en establecerse», señaló recientemente Fitch.
La promotora del proyecto reclama hasta 1.700 millones de euros al Gobierno por los costes operativos y gastos extraordinarios. La idea de Industria sería cargar el coste de la inversión fallida a los consumidores a través de la factura del gas.
Impacto en ACS
Ahorro Corporación asume como escenario base la pérdida del capital invertido por ACS, 228,5 millones de euros, que supondría un impacto del -2,3% sobre su valoración de la constructora (hasta 31,5 euros por acción frente a los 23,2 euros anterior).
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