El caso de las pensiones doradas de Novacaixagalicia sigue los pasos del de Caixa Penedès, en el que se redujeron las penas a cambio de la devolución de las indemnizaciones. Los exdirectivos de Novacaixagalicia acusados de apropiación indebida por las jubilaciones doradas que se aseguraron al abandonar la entidad, que recibió más de 9.000 millones de euros de ayudas públicas, podrían seguir el camino de los antiguos responsables de Caixa Penedès, que evitaron la cárcel tras pactar devolver las indemnizaciones cobradas.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido tres años de prisión para el expresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, y otros cuatro directivos de la extinta entidad, a los que se acusa de apropiación indebida y alternativamente de estafa al endosarse unas prejubilaciones millonarias que en su conjunto ascienden a 18,9 millones de euros. Para el Ministerio Público, actuaron con «una clara intención de obtener un beneficio patrimonial importante» y blindar su salida de la entidad.
Además de la pena de prisión, la Fiscalía les reclama que devuelvan las cantidades cobradas más una multa de 75.000 euros. En concreto, reclama 7,7 millones al que fuera director general de Novacaixagalicia, José Luis Pego; 5,6 a su adjunto Javier García de Paredes; 4,8 a Gregorio Gorriarán, exresponsable del Grupo Inmobiliario; y 691.261 euros a Óscar Rodríguez Estrada, uno de los gestores de la oficina de integración.
Sin embargo, según apunta La Voz de Galicia, la intención de la Fiscalía podría pasar por replicar el caso de Caixa Penedès, en el que al principio Anticorrupción también solicitó tres años de prisión para los acusados, pero posteriormente llegó a un acuerdo con ellos para rebajar la pena, y que no tuviesen que pisar la cárcel, a cambio de que devolviesen las pensiones cobradas.
En concreto, el juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia condenó a dos años al exdirector general de Caixa Penedès Ricard Pagès y a uno a los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Juan Caellas al considerar que los cuatro y el fallecido exdirector de Recursos Humanos Jaume Jorba se concedieron 31,6 millones de euros en planes de pensiones y distintas pólizas y cometieron un delito de administración desleal.
El magistrado consideró que los cuatro incumplieron los deberes de cualquier administrador y, “mediante procedimientos engañosos y burlando los controles de la caja”, antepusieron los intereses personales a los sociales, si bien tuvo en cuenta como atenuante que los cuatro devolvieron las cantidades fraudulentamente cobradas y reconocieron su culpabilidad.
Una condena menor a dos años de cárcel, teniendo en cuenta que ninguno de los condenados tiene antecedentes, se traduce en que los cuatro exdiretivos evitarán su ingreso en la cárcel.
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