El magistrado rechaza por ahora el embargo a los consejeros de Bankia porque “no es posible establecer” el grado de responsabilidad “exigible a cada uno de los querellados”. El magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha aceptado la personación de Izquierda Unida como parte “en el ejercicio de la acción popular” en la investigación que lleva a cabo sobre los antiguos consejos de administración de Bankia y su matriz Banco Financiero de Ahorros (BFA). Sin embargo condiciona esta personación a que la formación política deposite 20.000 euros “en concepto de fianza para responder de las resultas del juicio”.
De esta forma, la Audiencia Nacional responde en un auto a la querella criminal que IU presentó el pasado 14 de abril contra estas entidades bancarias y sus anteriores máximos responsables, entre los que se incluye a Rodrigo Rato y a los otros 31 ex consejeros responsables. La querella señala a lo largo de su argumentación la “probable y posible comisión” de siete delitos en el marco de la fusión y la salida a Bolsa, así como en la emisión de preferentes, al urdir un “plan de engaño y estafa” con consecuencias para el Estado y los propios ciudadanos.
Entre los delitos descritos a lo largo de los 74 folios que completan la querella destaca el de estafa, así como los de asociación ilícita, delito contable, de apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento mercantil y falseamiento de información económico-financiera con el propósito de captar inversores o depositantes.
IU ya ha adelantado en un comunicado que recurrirá la cuantía de la fianza por considerarla excesiva. Esta formación no comparte algunos de los argumentos incluidos en el auto judicial, entre ellos la obligación de depositar una cantidad de estas características con el argumento expresado por el juez Andreu “en consideración a la magnitud del procedimiento y al elevado número de personas contra las que interpone la querella y ejerce la acción penal”.
Por otra parte, en el apartado cuarto de los ‘argumentos jurídicos’ de que consta el auto, se señala en relación a la adopción de medidas cautelares solicitas por IU en su querella en las que, entre otras, se solicita el embargo de bienes a los ex consejeros querellados hasta cubrir la suma de 24.945 millones de euros que “si bien es cierto que los hechos descritos en la querella merecen una investigación en sede penal, no lo es menos que en este momento procesal de la instrucción de la causa, con importantes diligencias practicándose, a fin de llegar a conocer el verdadero alcance de las imputaciones formuladas, no es posible establecer de una manera concreta y definida el grado de responsabilidad indiciariamente exigible a cada uno de los querellados”.
De esta forma, Fernando Andreu estima que se deberá “definir más adelante los precisos indicios racionales de criminalidad que pesen, en su caso, sobre cada uno de ellos, así como las concretas responsabilidades civiles que, a consecuencia de su conducta, se hubieren podido producir para proceder a exigir la garantía que ahora se solicita”.
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