Varias personas se manifiestan, con una pancarta que reza 'No a la ley Ómnibus' / Foto: Isabel Infantes - Europa Press
El viernes 27 de diciembre salió publicada en el BOCM la Ley 7/2024, de 26 de diciembre, de Medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio, conocida también como Ley Ómnibus 2024, que modificó 131 artículos de diez leyes relacionadas con el urbanismo, el medio ambiente y la protección animal.
Ecologistas en Acción denuncia que la mayor parte de las modificaciones «responden a presiones e intereses de las grandes corporaciones económicas sin tener en cuenta ni los intereses de la ciudadanía ni el impacto sobre el medio ambiente. Y critican que esta ley «fue tramitada con solo siete días de audiencia e información pública, vulnerando los derechos ciudadanos de información y participación en los asuntos públicos».
«Se trata de la tercera ley ómnibus a la que recurre el gobierno de la Comunidad de Madrid desde 2021, una práctica antidemocrática que se ha implantado en nuestra región para cambiar de golpe numerosas leyes, en muchos casos con modificaciones de calado, evitando así la tramitación separada de cada una de ellas, su análisis detallado y el debate social correspondiente», denuncia.
Los ecologistas señalan que la ley que no aborda el equilibrio del medio ambiente y la ordenación del territorio, «sino que persigue reducir o eliminar controles medioambientales públicos, la transparencia y la participación ciudadana en la gestión del espacio, tanto urbano como rural, y facilitar la implantación en el mismo de proyectos dispersos y de infraestructuras en beneficio de negocios privados y del capital inmobiliario, fomentando el expansionismo urbano y el crecentismo, a costa de un recurso no sustituible como es el suelo natural, en un territorio, el de la Comunidad de Madrid, que ya ha superado con mucho su capacidad de carga ecológica».
Todo ello, continúan, en perjuicio de los grandes retos de nuestro siglo como las crisis climáticas, energéticas, de minerales, de materias primas, la pérdida de biodiversidad, el modelo insostenible de hipermovilidad, la emergencia habitacional, la exclusión e injusticia espacial y la desequilibrada distribución de los recursos, entre otros.
Además, los Planes Territoriales permitirán al consejero/a intervenir puntualmente en el territorio, por encima de los Planes Generales Municipales y de la normativa medioambiental y patrimonial «para impulsar proyectos de alto impacto ecológico y depredador del territorio como macrocentros de proceso de datos, líneas de muy alta tensión, desarrollos tipo EuroVegas, el AgroHub Monesterio, urbanizaciones residenciales en espacios naturales o ciertos megaparques fotovoltaicos».
«Estos planes, además, se tramitarán de forma exprés, prácticamente sin capacidad de intervención por parte de la ciudadanía, de los municipios afectados ni de la Asamblea Regional Madrileña», señalan los ecologistas.
Igualmente, apuntan que la ley pone otra nueva figura que afecta de lleno a las competencias de las administraciones locales sobre el planeamiento de su territorio: el Plan Estratégico Municipal que se antepone a las normativas de los PGOU (Planes Generales de Ordenación Urbana), «sembrando de incertidumbre e inseguridad jurídica el sistema de ordenación territorial local».
A mayor abundamiento, las modificaciones que se introducen en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (Ley 9/2001) amplian los usos y actividades admisibles en el medio rural, «eliminando, además, controles ambientales e informes sectoriales en suelos protegidos».
«La ley confirma y profundiza también en la privatización de la gestión administrativa de la edificación mediante las llamadas entidades privadas colaboradoras urbanísticas, que ya se habían introducido en modificaciones anteriores de la legislación del suelo, y que instala un modelo desigual, no equitativo y propenso a la corrupción, en la gestión urbanística», denuncian los ecologistas.
Sobre el resto de las modificaciones de la Ley ómnibus, a los denunciantes les llama la atención que se proponen tanto en la ley de suministro eléctrico como en la del agua. «En ambos casos el objetivo es el mismo: favorecer la implantación de grandes centros de proceso de datos, CPU’s, a pesar del enorme consumo de energía y agua que ello conlleva, así como el ridículo impacto que tiene en la creación de puestos de trabajo», indican.
Los ecologistas tampoco pasan por alto la modificación introducida en el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, mediante la cual se disminuye la presencia de las Universidades Públicas y se hace desaparecer de su Consejo Asesor a los tres representantes de los sindicatos más representativos, mientras se mantienen los tres de las patronales del sector.
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