Dos tercios de las empresas del Ibex tienen a expolíticos en sus consejos de Administración

Hasta 21 de las empresas del Ibex 35 contaban con consejeros en los consejos de administración durante el ejercicio 2016 que habían ocupado cargos de responsabilidad política en los diez años antes de su nombramiento. 17 de ellos independientes. Es uno de los datos que destacan en el estudio “La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35» que ha publicado el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa.

Pese a que 27 empresas del IBEX 35 informan sobre su posición en relación a las aportaciones a partidos políticos, solo dos (Acciona y Red Eléctrica) lo hacen extensivo a sus fundaciones dependientes y a candidatos. Por otro lado, sólo otras dos ctizadas (Aertis y Enagás) informan sobre un sistema interno de gestión de su actividad de lobby.

La información que las empresas de la Bolsa española publican sobre cómo hacen frente a la lucha contra la corrupción es «anecdótica», según este informe, con una nota global del 0,62 sobre 4.

«En la última década, la lucha contra la corrupción ha adquirido importancia como una de las cuestiones más relevantes en términos de responsabilidad social empresarial al lado de los derechos humanos, la protección medioambiental, los derechos laborales y otros asuntos de relevancia social», recuerda el Observatorio. Sin embargo, el estudio pone de relieve que las empresas del Ibex 35, pese a que cuentan con compromisos y políticas en materia de lucha contra la corrupción, no aportan información sobre procedimientos de gestión de los riesgos de corrupción a los que se enfrentan en su ámbito de actividad.

Las interferencias con el ámbito político (gestión de la actividad de lobby, financiación a partidos políticos, puertas giratorias), la independencia de los consejeros y de la auditoria legal, los canales de denuncia y las operaciones en paraísos y nichos fiscales, entre otros, «son vías útiles de lucha contra la corrupción en el sector privado pero al mismo tiempo pueden ser factores de riesgos que deben ser gestionados», explica la plataforma.

Comenzando por la independencia de los consejeros, el informe recuerda que «su función es proteger a los accionistas minoritarios y a otros terceros externos de la compañía y deben ser un mecanismo de control efectivo de posibles conductas fraudulentas por parte de los ejecutivos y accionistas de control». Sin embargo, en la mayoría de las empresas es difícil determinar su verdadera condición de independientes.

Hasta 16 de las empresas del IBEX 35 no tienen mayoría de independientes en el consejo. Ninguna empresa contempla que la elección del consejero independiente deba contar con el acuerdo de los accionistas minoritarios representados en la Junta General de Accionistas.

Solamente tres de las empresas cuentan con al menos un consejero independiente procedente de ámbitos ajenos al mundo de la empresa y con amplios conocimientos y experiencia en integridad corporativa, y solo Indra establece una duración del cargo por debajo de los 12 años, límite que establece la Ley de Sociedades de Capital.

La remuneración media de los consejeros independientes de 6 empresas superó la media anual del Ibex 35 en el ejercicio 2016, que fue de 175.000 euros.

Decenas de puertas giratorias

«La actividad de lobby conlleva una serie de riesgos de corrupción asociados, del mismo modo que ocurre con la financiación de partidos políticos o con las puertas giratorias, pueden ser mecanismos empleados para obtener regulaciones favorables en una determinada materia«. En este sentido, ninguna de las cotizadas del parqué español informa de manera clara sobre cómo gestiona estas cuestiones en todos los países en los que mantiene actividad.

Casi dos tercios del Ibex, 21 empresas, tienen en su consejo de administración miembros que habían ocupado cargos políticos en los diez años previos a su nombramiento.

Por otro lado, pese a que 27 compañías informan sobre su posición en relación a las aportaciones a partidos políticos, solo dos (Acciona y Red Eléctrica) lo hacen extensivo a sus fundaciones dependientes y a candidatos y solo otras dos (Abertis y Enagás) informan sobre un sistema interno de gestión de su actividad de lobby.

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