Rodrigo Rato, expresidente de Bankia
Dos de las acusaciones del caso Bankia, Aemec y Bochner España, han recurrido la sentencia que absolvió después de ocho años a los 34 acusados por la salida a bolsa de la entidad, entre ellos su expresidente, Rodrigo Rato, al entender que se basó en un relato “erróneo” con “déficit de motivación”, según publica la agencia Efe.
La sección tercera de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que ha designado como ponente al magistrado Leopoldo Puente, ya ha dado traslado de ambos documentos a las partes, que según fuentes jurídicas tendrán hasta el próximo 8 de enero para presentar su escrito de oposición.
En su recurso, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) pide que se anule el veredicto de los jueces de la Audiencia Nacional para que éstos dicten uno nuevo lo “suficientemente” motivado.
El escrito, al que ha tenido acceso Efe, entiende que la sentencia, conocida el pasado 29 de septiembre, partió de un “aserto erróneo” al considerar que el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) avalaban los estados contables, premisa que “no se sostiene” ni en la Ley de Sociedades de Capital ni en la del Mercado de Valores.
Según la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la salida a bolsa de Bankia fue legal, contó con el beneplácito de los organismos supervisores y se sirvió de un folleto que “contenía una amplia y certera” información para los inversores.
Para Aemec, esta visión carece de “una motivación completa” al admitir que la CNMV dio por bueno el contenido del folleto a pesar de que validar si los estados contables del banco mostraban su realidad económica estaba “fuera de sus competencias”.
Sobre las cuentas de 2011, la asociación afirma que arrojaron un beneficio de 309 millones de euros “para mantener una apariencia de coherencia con los resultados publicados de cara a la salida a bolsa”.
En este punto alude a la dimisión de Rato como presidente de Bankia el 7 de mayo de 2012, una decisión que “vino motivada por la negación del auditor a avalar las cuentas presentadas por la entidad, que (…) eran falsas”. Prueba de ello la habría dado la reformulación acometida por el nuevo equipo de José Ignacio Goirigolzarri, que arrojó unas pérdidas de 3.000 millones, lo que muestra “cómo los miembros del (anterior) Consejo aparentaron una situación de solvencia que en nada se correspondía a la realidad”.
Por último, Aemec señala la jurisprudencia civil del Tribunal Supremo, que en las demandas presentadas por los inversores que acudieron a la salida a bolsa manifestó que el folleto “era inexacto”.
Bochner España, que también entiende que la sentencia absolutoria no cumple con la motivación necesaria, incorpora una razón más, la posible infracción de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), ya que consta que una de las magistradas, Teresa Palacios, dio su conformidad por vía telefónica.
Aunque había un tercer recurso anunciado, una vez expirado el plazo los de Aemec y Bochner han sido los únicos formalizados ante el Supremo.
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