El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, durante una entrevista para Europa Press
El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha valorado la polémica por la semilibertad de los presos del 1-O recordando que las decisiones de la administración catalana y de la administración central dependen en última instancia de los jueces, que actúan de forma uniforme en toda España, lo que supone «una garantía y da tranquilidad».
«Lo importante y lo que hay que transmitir a la opinión pública es que en el ordenamiento jurídico español la última palabra, a la hora de ejecutar una condena, la tienen los tribunales y el Poder Judicial es único para toda España. Por tanto, hagamos lo que hagamos esta Secretaría General o la administración catalana, la última palabra siempre la van a tener los tribunales de justicia», ha señalado Ángel Luis Ortiz en una entrevista con Europa Press.
El alto cargo del Ministerio del Interior ha defendido que esto último es «una garantía para todos los ciudadanos». «Saber que la última palabra es uniforme y que radica en el Poder Judicial, que es único para toda España. Creo que es el mensaje que hay que transmitir y ese mensaje no tiene por qué causar preocupación ni nada por el estilo; es una garantía y da tranquilidad», ha apuntado.
Ángel Luis Ortiz ha reconocido que el «reto» de la administración penitenciaria se encuentra en los programas de tratamiento para cada preso, dependiendo de la condena, para cumplir con el mandato constitucional de la reinserción.
Así opina al ser preguntado por la opinión de la Fiscalía de que los líderes independentistas condenados por sedición y malversación disfrutan de un «tercer grado encubierto» gracias al régimen de flexibilidad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
El Ministerio Público también ha rechazado que se otorgue la progresión al tercer grado, proponiendo que, en lugar de cuidar de familiares o hacer voluntariados, los presos del 1-O dispongan de programas que inculque el respeto a la Constitución y a las leyes como «principio básico de un estado democrático y de derecho».
UN PROGRAMA DE TRATAMIENTO PARA CADA PRESO
«Tenemos un buen marco jurídico y unas infraestructuras que son suficientes y adecuadas, ha habido una gran inversión en renovar los centros penitenciarios», ha sostenido Ortiz antes de añadir: «Lo que nos queda conseguir para alcanzar los fines que dice la Constitución de reinserción y rehabilitación es conseguir que a cada persona privada de libertad seamos capaces de ofrecerle un programa de tratamiento a las carencias que motivaron su ingreso en prisión».
«Es el gran reto que nos afecta a todos los que tenemos algo que ver con la administración penitenciaria, lo que tenemos que procurar es que, en función de la tipología, ser capaces de ofrecer ese tipo de programas», ha añadido.
Ángel Luis Ortiz aporta datos como que en los centros dependientes de la administración central –todos menos Cataluña– son más de 27.000 los internos que, sobre una población reclusa de 48.000 personas, participan en la actualidad en programas de tratamiento, incluyendo formativos o de tipo ocupacional y laboral.
«El reto es poder ampliar ese número aún mayor. Porque además de los programas, tenemos en estos momentos en torno a 12.000 personas privadas de libertad que tienen un puesto retribuido, que trabajan dentro de prisión», ha concluido.
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