La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, (Foto: Carlos Luján - Europa Press)
«No puedo desvelar el contenido del Consejo de Ministros, pero como este debate no existió, sí digo que no hubo ni deliberación ni comunicación con ninguna de las partes que componemos el espacio de Sumar en el Gobierno», ha lamentado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tras reconocer que se ha enterado de esta decisión, comunicada por Hacienda esta mañana, a través de los medios de comunicación.
Aunque Díaz ha asegurado que el Gobierno de coalición «goza de buena salud», esta cuestión ha causado discrepancias en el seno del Ejecutivo. Mientras la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pedía esta exención, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le pedía públicamente a la titular de Trabajo que haga «pedagogía fiscal» porque «todo no se resuelve con una bajada de impuestos». Para Hacienda, lo que no pueden hacer las fuerzas progresistas y de izquierdas es estigmatizar los impuestos.
Díaz ha replicado a Hacienda hoy que, si bien hay que hacer pedagogía fiscal en España, la pregunta no es si subir o bajar impuestos, sino quién tiene que pagar impuestos. «La justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo», ha subrayado la vicepresidenta segunda.
En este sentido, la titular de Trabajo ha explicado que en España, una peluquera tributa al 17,5%, mientras que una gran corporación lo hace al 3,8%. Del mismo modo, ha recordado que en España el 85% de la recaudación del IRPF proviene de las nóminas de los trabajadores y ha cargado contra «el regalo fiscal» a los «rentistas», que podrán desgravarse el 100% del IRPF si alquilan sus viviendas según el índice de referencia.
«Lo que queremos es que quien más tiene aporte más y desde luego las rentas salariales de 16.500 y poco más euros al año sean exentas como lo han sido hasta ahora en nuestro país», ha enfatizado Yolanda Díaz.
Frente a esto, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha abogado por hacer pedagogía de justicia fiscal y trasladar a la ciudadanía que, lo que se recauda, va en beneficio de mejorar las políticas y servicios públicos.
«Esa parte que dicen que se lleva Hacienda va directamente a consolidar y a mejorar los servicios públicos de los que todos los ciudadanos hacemos uso», ha subrayado.
En todo caso, Alegría ha puesto en valor la posición clara por parte del Gobierno de manifestar sobre todo la satisfacción de volver a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional como la que hoy se ha hecho pública.
Además, ha destacado que un trabajador que percibía el salario mínimo interprofesional con gobiernos del Partido Popular recibía al año la cantidad de 10.300 euros, lo que se significaba en un salario mínimo de 735 euros mensuales. Hoy, han pasado a percibir 16.500 euros anuales, con unas mensualidades de 1.184 euros en catorce pagas, es decir, un incremento del 61%.
Hacienda sí actualizó el pasado año el mínimo exento del IRPF desde los 15.000 euros hasta los 15.876 euros anuales, con el objetivo de actualizarlo a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que justo supuso esa misma cifra en su cómputo anual.
Sin embargo, en este ejercicio, el Ministerio de Hacienda ha decidido imponer su criterio y obligará a los trabajadores que cobren el SMI a tributar en el IRPF, negándose a adaptar la subida como ha sucedido en años anteriores con este Gobierno, por lo que deberán tributar por este alza de los 50 euros mensuales.
Desde el Ministerio de Hacienda defienden que, con este incremento, «la mayor parte de trabajadores que ganan el SMI seguirán sin sufrir retenciones por el IRPF». Al mismo tiempo, el Ejecutivo asegura que la minoría que pueda sufrir una retención pagará muchos menos impuestos que los que pagaría con el IRPF vigente con el Partido Popular.
En concreto, según los cálculos de los expertos para la subida del SMI, solo a un 20% de los perceptores de este salario se le aplicarán las retenciones del impuesto sobre la renta tras la última subida, lo que suponen casi medio millón de trabajadores.
Todo dependerá, eso sí, de la situación personal y familiar de cada contribuyente. Como ejemplo, un contribuyente que cobra el SMI de 2025 con pareja y que tiene un hijo menor de tres años no sufrirá ninguna retención en el IRPF, mientras que un contribuyente con pareja y que tiene un hijo mayor de tres años tendrá una retención de 99 euros al año, y un asalariado soltero y sin hijos que cobre el sueldo mínimo de 2025 tendrá una retención de 300 euros.
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