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La plataforma europea Statewatch ha filtrado dos documentos que desvelan las presiones por parte de los Gobiernos de España, Francia y Portugal para volver a poner sobre la mesa de negociación de la reforma del copyright en la UE el Artículo 13, que obligaría a las webs de intercambio de contenidos en línea a introducir filtraciones automáticas obligatorias.
En concreto, este artículo incluido en los primeros borradores requería a los sitios web, plataformas y servicios ‘online’ una monitorización sistemática y masiva del contenido subido por los usuarios, filtrando cualquiera que pueda incluir contenidos “identificados” por titulares de copyright. Una serie de Estados miembro a cuestionado este punto, y varias organizaciones aseguran que “atenta contra los derechos fundamentales” de libertad de expresión.
Las organizaciones en favor de los derechos de los internautas Xnet y Copyright4Creativity han analizado los documentos filtrados. Uno de ellos contiene la propuesta conjunta de España, Francia y Portugal para modificar el Artículo 13, que apuntan por “redefinir la noción de una comunicación al público y a despojar a las plataformas en línea de su exención de responsabilidad como intermediarios, señalan las citadas plataformas. “Esta exención de responsabilidad es vital dado que sin ella las plataformas se verían forzadas a la censura indiscriminada de contenido de manera preventiva para evitar represalias legales”, explican en un comunicado.
El segundo documento recoge el conjunto de las preguntas formuladas a los Estados miembros durante la reunión del Grupo de Trabajo sobre Propiedad Intelectual del Consejo del 17 al 18 de octubre, en las que se releja la postura de España, Francia y Portugal y su impacto.
Según Xnet y Copyright4Creativity, “los franceses, con el apoyo de España y Portugal, intentan básicamente reescribir la Directiva de Comercio Electrónico”. Por ejemplo, abogan por declarar que explícitamente que el beneficio de la exención de responsabilidad de las compañías recogidas en el artículo 14 ECD ya no se aplica a una amplia gama de intermediarios: “proveedores de servicios de información que almacenan obras u otro material subido por sus usuarios y participan activamente en proporcionar acceso al público a dichos contenidos, […] se considera que no entran en el ámbito de aplicación del artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE”.
Además, las organizaciones critican que instan a usar el concepto de ‘obligación de cuidar’ “para alentar aún más la censura por parte de intermediarios (incluso cuando no se están comunicando al público) al reclamar que están obligados a tomar medidas para garantizar la protección de las obras u otras materias».
Para las plataformas proderechos digitales, el Artículo 13 de la Directiva Europea sobre copyright en el mercado único digital supone una “violación de derechos desproporcionada con respecto a los objetivos perseguidos por el proceso de actualización de los derechos de autor – el de hacer que el derecho de autor sea adecuado para el siglo XXI”. En su opinión, “esta desproporción demuestra una vez más un objetivo subyacente de control y censura sobre la opinión de las personas y la libre circulación de la información que está destapando prácticas corruptas y antidemocráticas”.
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