Delito fiscal
Cinco denunciantes de corrupción reclaman una ley que garantice la protección de este colectivo en los 28 Estados miembros de la UE. En una carta dirigida al vicepresidente del Consejo Europeo, Frans Timmerman, y a la comisaria de Justicia, Věra Jourová, los firmantes, entre los que está Ana Garrido, que destapó el ‘caso Gürtel’, exigen acabar con las “barreras para informar con seguridad directamente a las autoridades competentes”.
Para estos denunciantes la protección de este colectivo “refuerza la democracia europea”. De ahí que llamen a resolver los problemas que tanto ellos, como muchos otros, se han encontrado en su día a día tras arrojar algo de luz sobre determinadas actuaciones que no se regían por la legalidad.
El coste asumido “por actuar como lo hicimos” fue “muy alto”, advierten los firmantes de esta misiva, que perdieron su trabajo, su “credibilidad profesional y personal fue atacada”, sin olvidar la ‘factura’ económica y psicológica “de tener que luchar por la supervivencia contra poderes mucho mayores que los nuestros”. “Persistimos más allá de lo que la mayoría de la gente estaría dispuesta a soportar para asegurar el interés público”, aseguran.
Ante esto, sostienen que la directiva para proteger a los denunciantes -o whistleblowers-, que podría aprobarse antes de las elecciones del 26 de mayo, “debe estar a la altura de su promesa de reforzar los derechos fundamentales mediante la ‘salvaguardia la libertad de expresión, el derecho del público a saber y la libertad de los medios de comunicación’, todas ellas cuestiones que se plantean con urgencia”. “Usted puede ayudar a que esto suceda”, afirman en esta carta.
En su opinión, “si se adopta la posición actual del Consejo de la UE, los futuros denunciantes de irregularidades en Europa sufrirán las mismas consecuencias -si no más-” que las que ellos sufrieron y advierten del peligro de que los ciudadanos callen o miren hacia otro lado en caso de estar en esta situación.
Por lo tanto, exigen a estos responsables europeos que garanticen que esta directiva “elimina” las “barreras para informar con seguridad directamente a las autoridades competentes”.
Entre los autores de esta misiva, además de Ana Garrido, se encuentran Antoine Deltour y Raphaël Halet, del conocido como LuxLeaks.
Estos denunciantes europeos, recoge la Whistleblowing International Network, que asesora a los informantes y los protege, también enviaron su carta al Consejo Europeo en representación de los Estados parte en las negociaciones sobre una nueva ley. Para este colectivo “es hora de que la UE escuche a los denunciantes”, que “son los verdaderos expertos”.
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