Juanma Moreno Bonilla en su toma de posesión como presidente de la Junta de Andalucía.
La Plataforma X la Honestidad, que aglutina a denunciantes de corrupción en España, ha llamado a la puerta del nuevo presidente de Andalucía, el popular Juanma Moreno Bonilla. Esta asociación ha pedido una reunión al sucesor de Susana Díaz al frente de la Junta, al que ofrece su “colaboración” para aprobar una ley que proteja a estos denunciantes en la región.
“Instamos al nuevo presidente”, afirma la plataforma en un comunicado, a que “nos reciba si su disposición es realmente la de combatir la corrupción y para ofrecerle nuestra sincera colaboración para la elaboración del Proyecto de Ley Andaluza de Protección de Denunciantes”, así como para el “pronto funcionamiento” de la Oficina de Lucha contra el Fraude y la Corrupción.
Según afirma esta asociación, “es un momento crucial” para el nuevo Ejecutivo que encabeza Moreno Bonilla “puesto que se compromete a combatir la corrupción de la manera que durante casi cuarenta años no lo ha hecho el anterior”. Y es que, estos denunciantes recuerdan que durante “todo el año anterior se ha intentado poner en marcha la Oficina Andaluza de Lucha contra el Fraude y la Corrupción sin llegar a realizarse plenamente”.
A la Plataforma X la Honestidad no le será complicado aconsejar al presidente de la Junta y a su equipo en la elaboración de la futura ley, ya que entre sus filas cuenta con Roberto Macías, testigo del caso de facturas falsas de UGT. Macías ha sido “hostigado por su colaboración con las fuerzas del orden por descubrir la corrupción sindical”, denuncia esta asociación, que señala que no es el único.
“Hay gran cantidad de denunciantes y alertadores en todo el territorio andaluz que de la misma manera han sido hostigados y acosados indiscriminada y constantemente y esta es la razón principal por la que ofrecemos nuestra colaboración con el nuevo gobierno de la Junta”, asegura.
La lucha contra la corrupción es uno de lo compromisos que Moreno Bonilla ha suscrito tanto con Ciudadanos como con Vox. En ambos acuerdos cerrados por el PP andaluz aparece este asunto. En concreto, en el pacto entre populares y naranjas ambas partes defienden una “tolerancia cero con la corrupción”. “Ciudadanos y el Partido Popular se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos en todas las instituciones andaluzas, tanto autonómicas como locales, que hayan sido o sean imputados formalmente por delitos de corrupción, hasta la decisión definitiva del órgano judicial”, se recoge en este acuerdo.
Asimismo, “se comprometen a que las personas que se encuentren en dicha situación no puedan ser incorporadas en las candidaturas electorales ni ser nombradas para desempeñar cargos públicos” y se reforzarán las sanciones “para los altos cargos de la Junta que incumplan la normativa sobre conflictos de intereses y corrupción”. La nueva Oficina Andaluza de Lucha contra el Fraude y la Corrupción se hará cargo de “la supervisión del régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses de los altos cargos”, se afirma en este documento, en el que también aparece la aprobación del mencionado Proyecto de Ley Protección de los Denunciantes.
“Todos los denunciantes tendrán garantizado el derecho a la protección de su identidad, a la asistencia jurídica y psicológica y a la indemnidad en sus condiciones laborales frente a posibles represalias”, dice este pacto, que enumera alguna de las tareas de la Oficina de Lucha contra el Fraude y la Corrupción. Este órgano está destinado “a prevenir, detectar y denunciar las malas prácticas, abusos de poder, casos de fraude y corrupción”.
Por otro lado, en el acuerdo firmado entre PP y Vox, gracias al cual la extrema derecha apoyó la investidura de Moreno Bonilla, también está presente el compromiso de luchar contra la corrupción. “Nos comprometemos a promover todas las comisiones de investigación en el Parlamento de Andalucía que sean necesarias para esclarecer y conocer la utilización de los fondos públicos de los organismos de la Junta”, recoge.
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