Aula
“Para garantizar el derecho de la educación existe un servicio para atender las necesidades de alumnos y alumnas enfermos y enfermas matriculados en centros sostenidos con fondos públicos, es decir en centros privados y concertados”, explica el sindicato. Se trata de Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario (SAED), “de carácter público”, integrado por 43 maestros y maestras y 71 profesores y profesoras de Secundaria.
Este servicio “no cubre al alumnado de los centros privados”, apuntan desde Comisiones, “porque las familias que deciden llevar a sus hijos e hijas a centros privados dentro del marco de la libertad de elección del centro, deben asumir todos los gastos y servicios educativos”. Y esto incluye la atención educativa en caso de enfermedad que imposibilite la asistencia presencial a clase.
“Así lo han elegido las familias. De hecho y según la lógica de pagarles al profesor en casa o en el hospital, ¿por qué no financiar la ruta escolar, el comedor, o las propias clases?”, pregunta la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, Isabel Galvín. “En caso de enfermedad tendrían que ser los colegios privados los que asumen este gasto para su alumnado”, reclama Galvín. Y es que, esta situación se da mientras el SAED “está saturado”.
Tal y como advierte, “la educación del alumnado de los centros públicos y concertados que necesita este servicio no está garantizada porque los recursos no están garantizados”. Según Galvín, los presupuestos de los últimos años muestran que las cantidades destinadas al SAED “se han recortado año tras año, mientras el dinero que va a los colegios privados aumenta”.
El sindicato denuncia que pagar los profesores de clases en casa o en el hospital al alumnado en los colegios privados es “un ejemplo más” de cómo el Gobierno de Ayuso “desvía cada vez más fondos públicos a las empresas”. “Bien a través de este tipo de actuaciones”, afirma, “o bien a través de cheques escolares para las familias ricas como ha pasado recientemente en la Formación Profesional”.
“Además con esta medida la Consejería hace prevalecer el supuesto derecho a la elección del modelo educativo elegido por los padres por encima del derecho a la educación, tal como está concebido en la Constitución”, incide Isabel Galvín.
Para Comisiones esta medida es de “dudosa legalidad”, porque “no se garantiza ni la cualificación de quien imparta esas clases ni tampoco la impartición del currículo oficial”. Además, al dejar este tema en manos de las empresas el servicio queda fuera de la inspección educativa. “¿Cómo se supervisa qué educación se da a estos niños?”, se pregunta Galvín.
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