Delitos sexuales, Registro Civil, gestación subrogada o bienes de la Iglesia, retos sociales de Campo en Justicia

El nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tendrá que hacer frente a una serie de retos sociales que también forman parte de su ministerio al margen de las cuestiones más jurídicas, aunque algunos de ellos pueden acabar capitaneados por otras carteras, como por ejemplo, la reforma de los delitos sexuales.

Sigue pendiente la prometida modificación de la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal para que ‘solo sí sea sí’. De este modo, se busca poner el foco en el consentimiento de la víctima a la hora de juzgarlos, tras la polémica sentencia de La Manada.

Si bien esta medida es competencia de Justicia, en el pasado fue capitaneada por Carmen Calvo como ministra de Igualdad, una cartera que ahora cae del lado de Podemos, dirigida por Irene Montero, que tendrá a la hasta ahora portavoz de Podemos, Noelia Vera, como secretaria de Estado.

Algo parecido pasa con la gestación subrogada y el anuncio del presidente del Gobierno de que las agencias intermediarias serán perseguidas. Este podría ser un tema que también recaiga en la cartera de Igualdad, ya que el Gobierno PSOE-Podemos entiende estas prácticas como «explotación reproductiva» de la mujer, tal y como señaló Sánchez durante el debate de investidura.

Sin embargo, en el pasado fue Dolores Delgado la que llevó la iniciativa en contra de estas prácticas y en febrero de 2019 publicó una instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado para que sólo se inscriba en los registros civiles a los menores nacidos por gestación subrogada cuyos padres cuenten con una sentencia de filiación de las autoridades del país correspondiente. Esta nueva norma puso en dificultades a los padres que habían escogido Ucrania o Bielorrusia para llevar a cabo esta práctica porque estos países no emiten sentencias de filiación.

LA POSTERGADA REFORMA (DE ZAPATERO) DEL REGISTRO CIVIL
La reforma del Registro Civil será otro de los retos que tendrá que afrontar Campo, una tarea de su plena competencia. La entrada en vigor de la modificación lleva postergándose desde 2011, es decir, es una Ley de Zapatero. La última prorroga de la ‘vacatio legis’ establece que la norma debe entrar en vigor precisamente el 30 de junio de 2020. Sin embargo, los sindicatos vienen avisando de que su aplicación supondrá el cierre de miles de oficinas en toda España reduciéndose las más de 7.500 en la actualidad a poco más de un centenar.

En relación al Registro Civil, también queda pendiente la reforma de la ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, cuya tramitación comenzó en el Congreso pero decayó por la convocatoria de elecciones, y que permite a las personas transexuales cambiar su sexo sin necesidad de hormonarse. Aunque, de nuevo, esta es una tarea que podría recaer en el Ministerio de Igualdad.

BIENES INMATRICULADOS POR LA IGLESIA

Por otro lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez anunció durante el debate de investidura la recuperación los bienes que hayan sido indebidamente inmatriculados por la Iglesia, una tarea que en principio corresponde al ministerio de Justicia, aunque la vicepresidenta Carmen Calvo será la competente en temas de laicidad.

Además, el ministro de Justicia es el que tradicionalmente gestiona las relaciones del Gobierno con las confesiones religiosas a través de una dirección y una subdirección general. En este ámbito, además de las relaciones con la Iglesia Católica, deberá hacer frente a las peticiones de otras religiones minoritarias en España, como musulmanes o evangélicos, que llevan entre sus reivindicaciones que se cree una casilla del IRPF similar a la que tiene la Iglesia Católica.

Además, la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, órgano presidido por el ministro de Justicia, pidió el pasado mes de noviembre atender la diversidad religiosa para entierros dignos sin discriminación.

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