La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en el Congreso.
Según fuentes fiscales consultadas por Europa Press, los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) –la mayoritaria en la carrera fiscal– y el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, se han negado a participar en la deliberación y votación en señal de protesta.
Así las cosas, los únicos en votar sobre esta plaza han sido los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y las dos vocales natas: la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez Conde, y la inspectora jefe, María Antonia Sanz.
Delgado competía para este puesto con otros tres fiscales: Juan Calparsoro, de la Fiscalía de Guipúzcoa; Luis Ibáñez, de la Fiscalía Especial Antidroga; y Carlos Castresana, que ejerce en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas pero destacaba por cuanto fue el candidato español a fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI) en 2021.
La otrora fiscal general ya ascendió a la máxima categoría con la mayoría del Consejo Fiscal en contra. En el Pleno de ese 22 de septiembre, los seis vocales de la AF votaron por otro candidato y solo cuatro vocales –los dos de UPF y las dos vocales natas– lo hicieron por Delgado.
Cabe recordar que el fiscal general no está atado por la voluntad del Consejo Fiscal, ya que en materia de nombramientos discrecionales opera como un órgano consultivo, teniendo García Ortiz la última palabra. Además, lo acordado hoy no se formalizará hasta que el Gobierno proceda efectivamente a la designación de los candidatos seleccionados.
Desde el Consejo Fiscal daban por hecho que Delgado conseguiría el cargo, no solo por lo ocurrido el pasado septiembre, sino porque desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática por la que se creó esa plaza, primero fue la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE) quien asumió las funciones de forma interina y, después, la propia Delgado, por orden de García Ortiz, al considerar que tenía un amplio conocimiento en la materia.
La negativa de esos siete vocales a siquiera participar en la adjudicación de dicha plaza va en línea con el malestar expresado por AF y APIF desde que el fiscal general adelantó el Pleno del 19 de junio a este jueves para garantizar que las propuestas de nombramientos realizadas pudieran materializarse sin verse afectadas por el adelanto electoral del 23 de julio.
Los vocales de AF y APIF pidieron a García Ortiz que suspendiera el Pleno ante la posibilidad de que tras el 23 de julio haya nuevo Gobierno y nuevo fiscal general. De no acceder a ello, APIF propuso como alternativa que al menos se abstuviera de realizar dicho nombramiento, dadas las «”elaciones personales y profesionales” con Delgado. Sobre esto, Viada detalló que García Ortiz ascendió a la cúpula fiscal de la mano de la también ex ministra de Justicia.
El fiscal general respondió a través de un boletín interno (Infofiscalía) aclarando que no suspendería el Pleno al estimar que “no existen razones” que lo justifiquen porque la celebración del mismo en este momento “no constituye una decisión novedosa, sino que mantiene el criterio histórico”. En este sentido, citó dos precedentes: los nombramientos discrecionales propuestos por las ex fiscales generales María José Segarra y Consuelo Madrigal.
Ésta última le exigió rectificar, al considerar que se trataba de situaciones “radicalmente distintas”, recabando el apoyo de la AF y APIF. En vísperas del Pleno, la asociación mayoritaria llegó a pedir la dimisión de García Ortiz por la “burda maniobra” respecto a Delgado y el “descrédito” a Madrigal.
Estas tensiones se han reflejado en el Pleno también por parte de Delgado. La que fuera jefa del Ministerio Público ha recusado a Viada alegando que tiene una “notoria animadversión” hacia su persona que compromete “seriamente” su “imparcialidad y objetividad” para formar parte del procedimiento de provisión de destino respecto a este puesto.
“A lo largo de los años 2020 y 2023 ha realizado múltiples manifestaciones difamatorias sobre mi persona en redes sociales, prensa y distintos medios audiovisuales en términos que han excedido de la crítica profesional, social o de cualquier otra índole que pudiera considerarse admisible en un Estado social y democrático de derecho”, sostiene Delgado en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.
La también ex ministra de Justicia se muestra, además, segura de que esa supuesta “animadversión” tiene “causa directa” en que ni Viada ni su mujer, fiscal anticorrupción, fueron propuestos para los cargos a los que se presentaron durante su mandato como fiscal general.
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