Decenas de personas apremian a la fiscalía a resolver los casos de bebés robados «antes de que sus madres mueran»

Decenas de personas pertenecientes a asociaciones de afectados por los casos de bebés robados en España se han concentrado este lunes ante la sede de la Fiscalía en Madrid para apremiar a la Justicia a resolver su situación «antes de que las madres biológicas mueran», ya que en su mayoría superan los 70 años.

De hecho, esta protesta ha surgido tras el fallecimiento, a los 73 años, de Adelina Ibáñez, la impulsora del segundo caso de bebés robados que llegó a juicio en España. En su caso, el juicio debería de haber empezado en 2018, pero fue aplazado en tres ocasiones, la última por el estado de salud del acusado, el ginecólogo de la maternidad Santa Cristina Joaquín Botija.

La mayoría de los asistentes en la protesta de Madrid lucían carteles con su foto en las que aseguran que continuarán con la lucha por ella. Así lo han señalado, también, a Europa Press varias de las asistentes. María José venía desde Cádiz a pesar de su salud. Ella es una de las quiere «volver a ver a su bebé antes de irse de este mundo». «Las madres se nos van», ha lamentado Dolores, que ha acompañado a un familiar a la concentración.

«Justicia ya», «Nadie nos va a callar», «Abrid los archivos» o «Que baje ya, dónde está la Fiscal», son algunos de los lemas que más han repetido los concentrados. La mayoría de ellos portaban carteles o llevaban camisetas con los datos de sus bebés robados: fecha de nacimiento, maternidad y ciudad en la que dieron a luz.

MÁS IMPLICACIÓN Y DELITOS IMPRESCRIPTIBLES

Esta protesta coincide también con el noveno aniversario de la interposición de la primera denuncia conjunta por estos casos. Las asociaciones presentes han leído un comunicado, por este motivo, en el que han reivindicado su derecho a encontrar a sus familiares biológicos, de los que fueron separados, un derecho que, a su juicio, «ha sido mayoritariamente ignorado» por el Estado.

En el texto se habla de pasividad de la Justicia y denuncian que «todo el peso de las investigaciones recaen sobre los afectados». Además, lamentan que «la mayoría de denuncias interpuestas por las víctimas hayan sido archivada sin la mínima investigación por las fiscalías o los jueces, dejando a las víctimas desprotegidas».

Los afectados también reclaman que estos delitos tengan la consideración de imprescriptibles, modificando a tal efecto las leyes penales, al considerarlos delitos continuados, y de igual forma de lesa humanidad.

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