El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en una imagen de archivo. (Foto: juntsxeuropa)
La norma también abarcaría a Josep Lluís Alay, el jefe de gabinete del expresidente catalán Carles Puigdemont y al exconseller de Interior de la Generalitat catalana Miquel Buch. Así consta en el texto, que acota la amnistía a un contexto temporal que comprende desde el 1 de enero de 2012, “año en el que comenzaron a desarrollarse los hechos del proceso independentista”, y este 13 de noviembre de 2023.
Además del marco temporal, la propuesta delimita los delitos que serán amnistiados, y que incluyen los de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación. Tal y como estaba previsto en el marco de las negociaciones de las últimas semanas para una investidura y una eventual formación de Gobierno, la proposición beneficiaría a los líderes del ‘procés’, tanto a los que ya están condenados como a los que permanecen procesados en rebeldía y huidos de la Justicia.
El texto no hace mención expresa a sus nombres, pero la medida incluiría al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, quienes fueron indultados pero permanecen inhabilitados por delitos de desobediencia y malversación después de que el Tribunal Supremo revisara sus condenas a raíz de la reforma que eliminó la sedición y modificó la malversación, según Europa Press.
También afectaría a los dirigentes Jordi Sànchez y Jordi Cuixart –condenados por desórdenes públicos tras la reforma–, a la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell y a los exconsellers Josep Rull y Joaquim Forn –condenados por desobediencia una vez aplicado el nuevo Código Penal–, aunque en sus casos ya se extinguieron sus penas de inhabilitación y fueron indultadas sus penas de prisión.
Respecto a los independentistas huidos, la amnistía beneficiaría al expresidente catalán y líder de Junts Carles Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, sobre los que pesa una orden nacional de detención por delitos de desobediencia y malversación.
El texto a su vez tendría impacto en el caso de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que permanece en Suiza procesada por un delito de desobediencia tras la reforma que derogó la sedición, y contra la que también pesa orden de detención nacional. Igualmente beneficiada resultaría la ex consejera y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí, procesada por desobediencia.
La norma dejaría sin juicio oral a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista que, según la Audiencia Nacional, planearon ocupar el Parlament de Cataluña y que participaron en los cortes de carreteras o levantamientos de barreras de peaje.
También en el seno de la Audiencia Nacional, la amnistía abarcaría a los 10 investigados por los disturbios presuntamente organizados por Tsunami Democràtic tras las condenas por el ‘procés’ en 2019, y que fueron desde el intento de asalto del aeropuerto de El Prat, al corte de la frontera de la Jonquera o las reiteradas protestas con barricadas frente a la Jefatura de la Policía en Vía Layetana.
La amnistía abarca “los actos de desobediencia, cualquiera que sea su naturaleza, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, resistencia u otros actos contra el orden y la paz pública que hubieran sido ejecutados con el propósito de mostrar apoyo a los objetivos” del independentismo o “a los encausados o condenados por la ejecución de cualesquiera de los delitos” amnistiados.
En el marco de la causa relativa a Tsunami, el juez ha imputado a Rovira, al exconsejero de ERC Xavier Vendrell y al propio Alay y ha dirigido sus pesquisas contra Puigdemont, al que ha ofrecido la posibilidad de comparecer voluntariamente porque para imputarle debe recabar antes el permiso de la Eurocámara, de la que forma parte y por la que goza de inmunidad, y del Supremo, tribunal ante el que está aforado.
Los propios Alay y Vendrell también se encuentran investigados en un Juzgado de Barcelona por ‘Voloh’, el caso en el que se indaga en el presunto desvío de fondos públicos al independentismo.
De igual forma, la ley eximiría de responsabilidad a los 45 agentes de la Policía Nacional que fueron procesados el pasado mes de enero por el Juzgado de Instrucción Número 7 de Barcelona por las cargas del 1-O en la ciudad.
Asimismo, el texto alcanzaría a la condena de cuatro años y medio de cárcel que se impuso al exconseller de Interior Miquel Buch por designar al mosso d’esquadra Lluís Escolà como cargo de confianza para que escoltara a Puigdemont en el extranjero tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Además de la pena de prisión, también impactaría en la condena de 20 años de inhabilitación que se dictó sobre Buch por delitos de malversación y prevaricación.
La norma no solo beneficiaría al exconseller, sino a su vez al mosso que hizo de escolta del expresidente y que fue condenado a cuatro años de cárcel y 10 de inhabilitación por el delito de malversación.
La propuesta también contempla el procedimiento que se sigue contra 35 ex altos cargos catalanes encausados en el Tribunal de Cuentas (TCu) por la responsabilidad contable derivada del supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior del ‘procés’.
La lista total de los 35 incluye al propio Puigdemont, Junqueras o al expresidente catalán Artur Mas. También recoge los nombres de exconsejeros condenados por el Supremo, como Romeva y Turull; exconsejeros huidos, como Comín y Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck.
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