Teclado
El fallo de seguridad en la plataforma LexNET, que obligó al Ministerio de Justicia a paralizar este servicio la semana pasada, ha podido dejar al descubierto datos confidenciales de todas aquellas personas que hayan participado en un proceso judicial. Cualquiera de los casi 150.000 abogados y procuradores que usan este sistema informático ha tenido acceso, por ejemplo, a cuentas bancarias, multas o condenas en vía civil.
Datos tan delicados como procedimientos judiciales iniciados, antecedentes penales, informaciones aportadas por Policía y Guardia Civil o sobre mujeres maltratadas, así como despidos laborales, entre otros, fueron accesibles para todos los usuarios de esta plataforma de gestión de notificaciones por este fallo en la seguridad. Un error que, según del ministerio de Rafael Catalá, se subsanó el propio jueves, aunque LexNET dejó también de estar en funcionamiento el pasado fin de semana por “tareas de mantenimiento técnico”.
Según denuncia FACUA-Consumidores en Acción, se trata de datos “altamente sensibles y secretos de los ciudadanos” a los que podían acceder aquellos abogados o procuradores que fuesen usuarios de este sistema. Y todo, por un “fallo elemental de programación”. De ahí que esta asociación afirme que el Ministerio de Justicia ha cometido una “gravísima negligencia” al poner en marcha una plataforma “con un enorme agujero de seguridad cuyas consecuencias serán imposibles de conocer”.
Para FACUA “errores de mucha menor entidad” habrían provocado la dimisión del titular de Justicia “de cualquier democracia avanzada”. No así en España, donde el Gobierno de Mariano Rajoy “está intentando maquillar la magnitud de lo ocurrido, que representa un auténtico escándalo ya que se ha puesto en juego la privacidad de cientos de miles de ciudadanos”. Y podría ser aún peor, ya que se desconoce si existen más fallos de seguridad en LexNET.
Justicia, según esta asociación de consumidores, “se niega a facilitar su código fuente, como también mantiene en secreto buena parte de los datos relativos a las contrataciones realizadas para el desarrollo de este sistema, el nombre de las empresas adjudicatarias y las cantidades que cobraron”.
LexNET es obligatorio desde su implantación en 2016 y las críticas por el mal funcionamiento de esta herramienta desde el sector de la abogacía se han sucedido en los últimos meses por numerosos errores técnicos y de diseño.
El Consejo General de la Abogacía Española ha exigido información al Ministerio de Justicia sobre el fallo de seguridad ocurrido en LexNET el pasado jueves y su posterior suspensión el pasado fin de semana, así como que se adopten las “medidas pertinentes para garantizar la seguridad del servicio y que se depuren responsabilidades”.
Asimismo, en una nota en su web, esta organización ha destacado que esta parada “no puede calificarse como planificada al no haber avisado con la preceptiva antelación” y ha pedido que ningún ciudadano vea afectados sus derechos por el tiempo de inactividad de la plataforma.
Precisamente, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el pasado viernes abrir diligencias informativas para esclarecer si este fallo de seguridad en este sistema produjo una “violación de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal”.
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