Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin
Este miércoles, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo celebra la vista para estudiar los recursos de apelación por el ‘caso Nóos’ contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, que condenó a Iñaki Urdangarin a 6 años y 3 meses de prisión.
Allí se escucharán los argumentos presentados por la Fiscalía y por las defensas de varios de los condenados en el caso Nóos (el exsocio del marido de la infanta Cristina, Diego Torres y el expresidente de Baleares Jaume Matas), además de la Abogacía del Estado.
Esta vista llega un año después de que se conociese la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que rebajó las penas solicitadas por el Ministerio Público en esta pieza separada del caso Palma Arena. En ella se juzgaron las actividades delictivas que realizó el exduque con su exsocio Diego Torres mediante el instituto Nóos, que se suponía realizaba su labor sin ánimo de lucro.
Según recuerda Europa Press, se impusieron condenas a siete de los 17 acusados, si bien se rebajaron notablemente las penas que inicialmente pedía la Fiscalía, en algunos casos por absolución de los delitos y en otros en aplicación de circunstancias atenuantes por reparación del daño causado.
Fue el caso del exduque de Palma, Iñaki Urdangarin, condenado a seis años y tres meses de prisión frente a los 19 que pedía la Fiscalía, o de su exsocio, Diego Torres, condenado a ocho años aunque el Ministerio Público pedía 16 y medio. Los dos fueron absueltos del delito de estafa y en este trámite de casación ante el alto tribunal el Ministerio Público interesa un incremento de sus condenas, que llega hasta los 10 años de cárcel en el caso del exduque; 12 años y cuatro meses para Torres y también más pena para Matas.
No obstante, es previsible que tras esta vista aún no se conozca el destino inmediato del exduque, porque el tribunal necesitará tiempo para deliberar sobre las condenas finales impuestas a los acusados. Según informa La Vanguardia, tras esas deliberaciones el ponente deberá redactar otra sentencia, y los antecedentes muestran que este trámite puede llevarse como mínimo tres meses.
Por otro lado, queda por conocer si la defensa del cuñado del rey presentará recurso de amparo al Tribunal Constitucional. En ese caso, el TC podría suspender la condena hasta decidir sobre el fondo de la cuestión, según el mismo medio.
Urdangarin fue condenado a seis años y tres meses de prisión, siete años y un mes de inhabilitación especial y multa de 512.533,68 euros por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno de falsedad en documento público y de malversación (dos años y ocho meses de prisión), uno de fraude a la Administración pública (siete meses), uno de tráfico de influencias (un año) y dos delitos contra la Hacienda Pública (un año cada uno) y a responsabilidad civil.
La pena impuesta fue no obstante bastante inferior a los 19 años de cárcel que pedía para él inicialmente la Fiscalía, puesto que el tribunal de Palma le absolvió de los delitos de blanqueo de capitales y estafa y de varios delitos de falsedad en documentos, tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude en relación con actividades en Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid y tuvo en cuenta circunstancias atenuantes de reparación del daño.
En su escrito ante el Supremo, la defensa de Urdangarin insiste en que debe ser anulada porque, entre otras razones, nunca se ocupó de temas contables, financieros ni fiscales en relación con este organismo y “no se puede demandar al olmo por no dar peras”. También se opone a los argumentos que da el Ministerio Fiscal para pedir una agravación de la condena por malversación al entender que su actividad no supuso un entorpecimiento al servicio público.
Rechaza también Urdangarin la cuantificación de las cantidades presuntamente sustraídas que hace la Fiscalía y que tanto él como su exsocio Diego Torres incumplieran las exigencias legales que se incluían en los contratos que firmaron con el Instituto Balear de Turismo para la celebración de Illes Balears Forum en 2005 y 2006, por los que cobraron unos 2 millones de euros públicos.
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