Pareja de refugiados
Hoy se cumple el cuarto aniversario de la tragedia de la playa del Tarajal, en Ceuta, en la que 14 inmigrantes subsaharianos murieron al intentar alcanzar a nado territorio español en medio de un fuerte despliegue de la Guardia Civil y varias ONG han iniciado una campaña para que el Parlamento Europeo declare el 6 de Febrero como Día de las Víctimas de las Fronteras.
Además, hay convocados numerosos actos en toda España para que esta tragedia no se olvide y exigir justicia para las víctimas, unos homenajes que se producen justo en una jornada en la que -tal y como recuerda Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)- los partidos políticos tienen la oportunidad de reformar la vigente Ley de Seguridad Ciudadana para evitar que hechos como éste vuelvan a repetirse.
Y es que hoy finaliza el plazo de enmiendas para reformar la vigente Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC) que da cobertura legal a las denominadas “devoluciones en caliente”, unas prácticas “prohibidas por el derecho internacional”.
AI y CEAR denuncian una vez más la “impunidad y la falta de rendición de cuentas en torno a lo sucedido en Tarajal y la ilegalidad de las denominadas devoluciones en caliente”. Y se quejan de que “sigue sin haber una investigación exhaustiva del uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”
“La falta de rendición de cuentas y la impunidad con la que se pretende cerrar este trágico incidente nos provoca impotencia y vergüenza”, asegura Estrella Galán, secretaria general de CEAR, para quien “mientras no se prohíban las ‘devoluciones en caliente’, lo sucedido en el Tarajal podría repetirse”.
El reciente archivo de la causa por el juzgado de Ceuta supone –en opinión de ambas organizaciones- un nuevo obstáculo en la búsqueda de la verdad sobre lo sucedido aquella mañana en la playa fronteriza entre Ceuta y Marruecos.
Además, se quejan de que las autoridades españolas tampoco han atendido las necesidades de los familiares de las víctimas, que todavía a día de hoy siguen esperando poder identificarlas. Las familias no solo reclaman verdad, justicia, y reparación, sino que además exigen que todos los cadáveres sean identificados.
Denuncian estas dos el juzgado de Ceuta se ha producido tras una investigación repleta de carencias y recalcan que “no se ha tomado declaración a dos de los supervivientes cuyo testimonio ya había sido acordado por el propio juzgado a través de videoconferencia, puesto que no tienen permiso de residencia en España; no se ha esperado al envío de las autopsias por parte de las autoridades marroquíes, ni se han hecho esfuerzos para identificar los cuerpos de cuatro víctimas que permanecen enterradas en el cementerio de Ceuta, a pesar de que el juzgado tiene los nombres y partidas de nacimiento y poderes notariales de las familias que los reclaman”.
Estas dos organizaciones recuerdan que “recientemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (el TEDH) ha condenado a España por la demanda de dos jóvenes procedentes de Malí y Costa de Marfil que fueron expulsados de Melilla en agosto de 2014. Estas devoluciones, para el TEDH, suponen una violación del Protocolo 4 y del artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al tratarse de una expulsión colectiva sin posibilidad efectiva de recurso judicial. Sin embargo, la respuesta del Estado español ha sido la de recurrir a la Gran Sala del TEDH por esta sentencia”.
“España parece tener una intención clara de hacer caso omiso a las recomendaciones internacionales en materia de asilo. No podemos olvidar que todas las personas tienen derecho a procedimientos de asilo justos e individualizados, y a no ser devueltos corriendo el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
“Otros organismos, como el Defensor del Pueblo y mecanismos internacionales de Naciones Unidas, han hecho recomendaciones a nuestro país para examinar la ley y para asegurarse de que cumpla con sus obligaciones internacionales sobre el derecho al asilo”, recuerda Amnistía Internacional.
“El Parlamento tiene en estos momentos la oportunidad de revertir esta situación, para garantizar que no se vulnera el principio de no devolución” insisten desde Amnistía y CEAR, que piden a los grupos parlamentarios que no desaprovechen esta oportunidad”.
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