Hubo un tiempo no muy lejano en el que el Ayuntamiento de Madrid era el máximo accionista del Metro de Madrid. El consistorio capitalino poseía el 75% de las acciones de la empresa en el momento en el que Alberto Ruíz-Gallardón decidió venderlas en 2011. Desde entonces, el valor del suburbano ha caído por encima de los 700 millones de euros. La alcaldesa Manuela Carmena lleva meses intentando recuperar la influencia del ayuntamiento sobre el metro recibiendo un continuo rechazo de la Comunidad.
En verano de 2017, el Ayuntamiento de Madrid ya anunció su intención de recuperar las acciones vendidas en 2011 a cambio de aportar 150 millones de euros al año a la empresa del suburbano. El consistorio quiere mejorar las prestaciones del metro, la piedra angular de la movilidad en Madrid.
Tal y como detalla el Sindicato de Maquinistas del Metro de Madrid, cada año son más los ciudadanos que se desplazan en este sistema de transporte. En octubre de 2017 se realizaron 59.151.000 millones de viajes en el suburbano madrileño, mientras que en octubre de 2018 hubo un total de 62.907.000 millones de viajes.
4 millones más de viajeros que, a cambio, han recibido un servicio cada vez más deteriorado. Menos maquinistas y menos trenes. Tal y como adelantó EL BOLETÍN hace varios días, el suburbano está llegando a emplear 60 trenes menos diarios durante esta campaña de navidad en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Falta de trenes por culpa del amianto – cerca de 50 trenes retirados – y por la ausencia de maquinistas, que dejan decenas de trenes en cocheras ante la falta de plantilla. La Comunidad se ha comprometido a contratar a 100 conductores nuevos, una cifra que, a juicio del Sindicato de Maquinistas del Metro de Madrid, queda lejos de los 350 que considera necesarios.
El Ayuntamiento de Madrid, consciente de que el deterioro sufrido por el suburbano perjudica a su plan de movilidad, enfocado en el transporte público, quiere recuperar las inversiones y la influencia municipal en el metro.
Sin embargo, la Comunidad mantiene su rechazo a la presencia, y por consiguiente al dinero (150 millones al año), del consistorio en la empresa pública ateniéndose a una cláusula impuesta por Esperanza Aguirre en 2011. La regla acordada por la expresidenta de la región determinó que el Ayuntamiento de Madrid solo podría recuperar sus acciones si éstas alcanzaban el precio por el que se hizo la venta, algo que en estos momentos no se da.
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