Cristobal Montoro, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría
El Gobierno de Mariano Rajoy ha vetado la tramitación en el Congreso de proposiciones de ley de la oposición para revalorizar las pensiones al ritmo del Índice de Precios al Consumo (IPC) alegando que la puesta en marcha de esas iniciativas supondría un coste de alrededor de 2.000 millones de euros al año.
Esa subida de las pensiones está ahora recogida en el acuerdo alcanzado con el PNV para los Presupuestos de 2018: 1,6% de aumento este año e IPC en 2019, más el aplazamiento de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad hasta 2023.
Acogiéndose a la capacidad de veto que le otorga la Constitución, el Gobierno de Mariano Rajoy empezó la legislatura frenando una iniciativa del PSOE, Unidos Podemos y otros grupos para subir las pensiones de 2017 al ritmo del IPC, y entonces alegó que su aplicación supondría un coste para el Estado de más de 1.150 millones de euros que tendrían que ser financiados por el Estado, “sin que se proponga una fuente de financiación”.
Un año después vetó otra proposición de ley, esta vez de Unidos Podemos, para revalorizar las pensiones al ritmo del IPC y derogar el factor de sostenibilidad, y entonces argumentó que el coste sería de casi 2.200 millones de euros.
Según aquel escrito de disconformidad, recogido por Europa Press, ese montante se derivaría de una revalorización de las pensiones al ritmo de la inflación, pero no sólo en 2018, sino también en la diferencia entre el 0,25% al que subieron las pensiones en 2016 y 2017 y la inflación registrada esos años, ya que la proposición de ley también cubría ese desfase para recuperar el poder adquisitivo perdido entonces.
En su escrito de disconformidad, el Gobierno se escudaba en el principio de estabilidad presupuestaria recogido en el artículo 135 para impedir el debate de esas iniciativas, ya que apuntaba que esas medidas, “sin conocer ni valorar el resto de necesidades de financiación de los gastos públicos”, podían suponer, además, “el incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”.
Además, justificaba su veto en el incremento del déficit público que tendría para el período 2020-2025 la supresión del factor de sostenibilidad y del actual índice de revalorización de las pensiones.
Este mismo mes, el Ejecutivo volvió a hacer uso de esa competencia para vetar otra proposición de ley similar del PSOE, en la que los socialistas planteaban derogar la subida de las pensiones en un 0,25% prevista por el Gobierno para 2018 y sustituirla por un aumento en función del IPC, lo que las elevaría en torno al 1,6%.
Los dos últimos vetos a las propuestas sobre pensiones promovidas por Unidos Podemos y PSOE fueron aceptados por la Mesa del Congreso, donde el PP y Ciudadanos respaldaron los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo.
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