La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado una serie de medidas en diferentes servicios públicos para atajar la crecida de casos de coronavirus (Covid-19). Entre otras propuestas, apuestan por «restringir» fronteras con zonas de alto riesgo, suspender cualquier tipo de viaje oficial de representantes públicos al menos a estos lugares, y extremar las medidas de higiene y sanitarias para evitar más contagios.
«Las autoridades sanitarias deben adoptar medidas más restrictivas y específicas para contener la propagación del coronavirus, teniendo en cuenta que hasta el momento no hemos sido capaces de contenerlo. Los protocolos que se están aplicando no están siendo lo suficientemente eficaces y no están adaptados desde el punto de vista de la bioseguridad y la contención», han denunciado desde el sindicato en una rueda de prensa celebrada este martes en Madrid.
A nivel general, desde la organización sindical insta a crear una comisión de expertos en bioseguridad para diseñar guías de
actuación «más estrictas» para todos los hospitales y centros sanitarios, junto con «extremar» las medidas hacia la población de más riesgo, fundamentalmente mayores, crónicos y personas con posible sospecha de contagio.
En aeropuertos, reclaman «mayores medidas de protección» para los profesionales, especialmente los que están en atención al público, donde «se multiplica exponencialmente» el posible contagio de coronavirus al público y a ellos mismos. Junto a esto, exigen la instalación obligatoria de dispensadores de hidrogel en todas las administraciones donde haya atención al público.
También reclaman que se faciliten las mascarillas y guías de actuación a las personas que tienen síntomas o sospecha de sufrir coronavirus, «incluso antes de tener los resultados de toma de muestras por coronavirus». Protocolos «estrictos» en centros de mayores para los residentes y personas trabajadoras y evitar las visitas presenciales de manera general en todas las comunidades autónomas son algunas de sus otras iniciativas.
Al igual que han propuesto otros sindicatos, argumentan que es necesario considerar la baja por aislamiento obligatorio como enfermedad profesional, para que «no se vean afectadas las nóminas del personal al servicio de las administraciones expuesto a este agente infeccioso».
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