La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha iniciado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para pedir la equiparación de las retribuciones en la Administración General del Estado con las de las plantillas de las Comunidades autónomas y “acabar con una de las mayores discriminaciones dentro de la Función pública en España”.
Los empleados de la Administración Central, que incluye la Administración General del Estado y de la Seguridad Social, cobran un salario medio mensual bruto 126,5 euros inferior (2.633,8 euros/mes) al del personal de las Comunidades Autónomas, según el último ‘Decil de salarios del empleo principal’ de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Según explica CSIF en una nota, la diferencia respecto al personal de la Administración General del Estado es aún mayor ya que asegura que sus retribuciones son un 25% inferiores respecto a la media de las autonomías y corporaciones locales.
El sindicato considera que “esta discriminación es aún más difícil de entender si analizamos el número de efectivos afectados”. En este momento, en la Administración General del Estado incluida la Administración de justicia no transferida, el número de trabajadores se sitúa en torno a los 230.000.
“Hay que tener en cuenta que, en los últimos años, todos los Empleados públicos han sufrido además recortes añadidos en sus retribuciones, con una bajada salarial en 2010 y las sucesivas congelaciones salariales producidas, que han provocado una importante pérdida de poder adquisitivo”, denuncia el sindicato que hace notar que la carga de trabajo se ha incrementado notablemente.
Por otro lado, CSIF, que se ha reunido ya con el grupo parlamentario de Podemos, ha mostrado su inquietud por la ausencia de proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 y la posibilidad de que se produzca una nueva congelación salarial como consecuencia de una prórroga de las cuentas públicas de 2017.
Por ello, el sindicato reclama una explicación urgente al Ministerio de Hacienda, ante la incertidumbre que se genera sobre más de 2,5 millones de empleados públicos y sus familias, que esperan una aclaración.
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