CSIF denuncia la infradeclaración de los casos de cáncer laboral en España

Asimismo, insisten en la importancia de aumentar la investigación de la enfermedad por la posible relación con el desarrollo por motivo de agentes en el trabajo. Además, consideran que es preciso ampliar el cuadro de enfermedades profesionales y con nuevos agentes cancerígenos y mejorar la detección precoz del cáncer asociado a la exposición a carcinógenos laborales mediante la vigilancia sanitaria específica.

Desde la CSIF también reclaman mayor «protección, formación e información» a los trabajadores expuestos frente a los agentes cancerígenos y mutagénicos, así como desarrollo de campañas específicas para el refuerzo de las inspecciones

En el año 2024 se diagnosticaron 286.664 casos de cáncer en España, según asegura la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN). Esta cifra supone un aumento del 2,6 por ciento en comparación con el año anterior y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) estima que en 2025, se incrementará en otro 3,3 por ciento.

No obstante, a pesar de este crecimiento, España sigue siendo de los países que menos notifica los casos de cáncer de origen laboral, con un porcentaje actual del 0,04 por ciento, mientras que en Europa se sitúan entre un 5 y un 10 por ciento.

Según los datos del Observatorio de Enfermedades Profesionales CEPROSS en 2024, en España se comunicaron apenas 106 partes de enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos, de los que 98 fueron hombres, lo que supone un leve ascenso respecto al año anterior.

Esta infradeclaración desemboca en un elevado coste para los afectados puesto que «ya que no reciben la prestación por enfermedad profesional, no son indemnizados y repercute a su vez en la Seguridad social y en el sistema nacional sanitario».

Desde la CSIF aseguran que se estima que el coste directo anual asociado al tratamiento del cáncer laboral asciende a cientos de millones de euros. Por tanto, invertir en prevención es más favorable que invertir en tratamientos. Las mutuas no asumen la responsabilidad, se ahorran los costes y dificultan el reconocimiento de la patología como contingencia profesional.

Por último, la central exige la puesta en marcha de un plan nacional unificado para erradicar el amianto instalado y desarrollar reglamentariamente la Ley del Fondo de Compensación de las víctimas del amianto.

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