Universidad Rey Juan Carlos
Gabriel Retamar, secretario general de Alternativa Sindical de Policía (ASP), sospecha que “hubo trato de favor” por parte de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) a determinados jefes de la Policía que obtuvieron -en solo un año- un grado de criminología que les permitió a acceder a puestos de alta responsabilidad en el Cuerpo. Y explica que este es el motivo por el que han recurrido a la Fiscalía para pedir que se investigue si hubo irregularidades en dicho curso online del que se habrían ‘beneficiado’ unos 200 inspectores y comisarios.
Retamar reconoce, en declaraciones a EL BOLETIN, que el sindicato tenía desde hace años indicios de este presunto fraude en la titulación de criminología y que han aprovechado las investigaciones a cuenta de máster de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, para ponerlo en manos de la Fiscalía. Y explica que estas titulaciones ya estaban bajo sospecha desde 2015 “tanto que el Ministerio de Educación puso en tela de juicio este grado que estaba facilitando la URJC y tumbó la convalidación de dicho grado y con ello el chollo que tenía esta universidad con la Policía”.
El secretario general del sindicato policial que ha llevado esta titulación a la Fiscalía aclara que lo califican de chollo porque se concedía a miembros de las escalas superiores de Policía el título de Criminología en un año y con sólo 60 créditos, cuando el grado son 240 créditos y el equivalente a cuatro años, y resalta que “60 créditos ni siquiera es el equivalente a una diplomatura de nada, pero permitía a estas personas pasar de tener bachiller superior a tener una titulación universitaria, con lo que podían acceder a puestos de mayor responsabilidad y por supuesto con mayores retribuciones económicas”.
El representante de Alternativa Profesional de Policía también hace notar que los grados online se obtuvieron siendo director general de la Policía Ignacio Cosidó, que ocupó el cargo siendo ministro de Interior Jorge Fernández Díaz “por lo que es de suponer que se aprovecharan de ello inspectores y comisarios de una ideología política, aunque no lo podemos asegurar ya que cuando te ofrecen una cosa así, es un chollo para policías de cualquier ideología”.
Gabriel Retamar avisa que si se detectan irregularidades “lo que procedería sería que se retiren dichas titulaciones ya que sería un fraude de ley y el acto sería nulo de pleno derecho” y adelanta que presentarán una querella criminal en el caso de que la Fiscalía viera indicios de delito, lo que está en manos de la asesoría jurídica de esta organización sindical que en la actualidad cuenta con 3.200 afiliados y que está presente en el Consejo de la Policía desde 2015.
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