Ana Torroja será juzgada por dos delitos fiscales

A la cantante se le piden 18 meses de cárcel y una multa de más de 462.000 euros por la presunta canalización de dinero a través de paraísos fiscales. La cantante Ana Torroja será juzgada por el Juzgado de lo Penal número 5 los días 9, 10 y 11 de abril acusada de dos delitos contra la Hacienda Pública por los que se le piden un total de 18 meses de prisión y una pena de multa de más de 462.000 euros, en el marco de la pieza separada Ñ de la operación Relámpago, centrada en la presunta canalización de dinero a través de paraísos fiscales, blanqueo de capitales y dobles ventas de solares en Cala Llamp, en Andratx (Mallorca) y supuestas estafas.

Así, la Fiscalía Anticorrupción le pide por cada uno de estos delitos una pena de nueve meses de prisión y una pena de multa de 142.359,88 euros por el presunto delito cometido en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2006 y una multa de 319.709,76 euros por otro delito, que se habría realizado en el IRPF de 2007, según una información de Europa Press.

En el escrito, como acusación de la Abogacía del Estado se acusa también como colaboradores en ambos delitos a Gabriel Feliu y a Octavio Fernández de la Reguera. Cabe destacar que la Fiscalía no les acusa.

Cabe destacar que antes de sentarse ante el banquillo de los acusados, la que fuera la cantante de Mecano ha declarado en varias ocasiones dentro de esta causa, después de que la Agencia Tributaria le atribuyese el impago de varias cuotas tributarias que ascenderían a más de un millón de euros.

Inicialmente, Hacienda le achacó una deuda fiscal de 655.000 euros tras detectarse sus vínculos profesionales con el despacho de abogados Feliu de Palma, asesoría legal sobre la que pesan varias sospechas de estafa investigadas en este procedimiento. En concreto, calculó que Torroja habría defraudado una cuota de unos 475.000 euros en 2006 y unos 180.000 en 2007.

La imputada fue por ello citada a declarar en junio de 2009 por el juez instructor, ante quien entonces se acogió a su derecho de no declarar. La cantante iba a ser interrogada en torno a las supuestas relaciones de su empresa Carlitos Way con el despacho Feliu, que según las pesquisas realizadas hasta ahora habría urdido un entramado millonario de fraude fiscal.

Torroja pidió además la nulidad del caso y que asimismo se declarasen nulos como pruebas los registros llevados a cabo en el bufete Feliu así como los pinchazos telefónicos realizados en las investigaciones de esta supuesta trama de evasión fiscal, investigada desde abril de 2007. No obstante, el juez rechazó el recurso de Torroja.

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