La organización recuerda que el Supremo le ha dado la razón al sentenciar que está construido en “suelo no urbanizable de especial protección”. A primera hora de la mañana, una veintena de activistas de Greenpeace han escrito con letras gigantes la palabra “demolición” en la playa del hotel ilegal de El Algarrobico (Carboneras, Almería). La “pintada”, hecha con rastrillos y que ocupa una superficie de 1.500 m2, se ha llevado a cabo en la arena para exigir que se cumpla la sentencia del Supremo, que ha dado la razón a la organización al concluir que el hotel está construido sobre “suelo no urbanizable de especial protección”. Junto al mensaje, los activistas han colocado una pancarta con el mensaje: “Juntos lo logramos: Algarrobico ilegal”.
Esta acción que recuerda la última sentencia judicial contra la construcción del hotel se produce una semana antes de que la Ministra de Medio Ambiente y el Consejero de Medio Ambiente andaluz se reúnan para poner en marcha el plan de actuación conjunto que firmaron ambas administraciones en 2011. En este sentido, la organización ecologista demanda que se proceda inmediatamente al desmantelamiento progresivo del hotel ilegal y a la recuperación del Parque Natural. Además, que se desarrolle en un proceso participativo con las organizaciones ecologistas y sociales de la comarca para maximizar las oportunidades de empleo y turismo sostenible.
«Volver al Algarrobico tras mas de una década de protesta, y la séptima acción que realizamos frente al hotel es una celebración tras la sentencia del Tribunal Supremo del pasado jueves 18 de febrero. Es el momento de reivindicar la recuperación del Parque Natural y una oportunidad de empleo y turismo sostenible en la comarca», ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace. «El Algarrobico puede ser un ejemplo de recuperación de un entorno natural o el símbolo de lo que no se debe hacer», señala Marcos.
«Con esta acción simbólica queremos culminar más de 11 años de lucha y decir a toda la gente que ha luchado para ilegalizar este símbolo de la destrucción de la costa que juntos lo hemos conseguido», concluye Marcos.
La organización ecologista junto con el gabinete de arquitectos n’Undo realizó en un informe en 2012 que desvelaba el coste real del desmantelamiento del hotel, unos 7.320.646 euros. Esto supondría, para Greenpeace, una oportunidad de empleo para la zona en torno a 400 puestos de trabajo, el reciclaje del 98% de los materiales del edificio y la restauración ambiental del entorno.
La organización recuerda que el próximo jueves cinco activistas de Greenpeace han sido citados como investigados en el Juzgado de Vera (Almería) por la sexta acción que llevó a cabo en el hotel ilegal en el año 2014. La promotora del hotel Azata reclama a la organización ecologista más de medio millón de euros por daños en las instalaciones.
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