Un grupo de empleados denuncia que el empresario les traspasó de una empresa a otra creada ‘ad hoc’ para evitar pagar las indemnizaciones oportunas al despedirles. El Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón ha admitido a trámite una querella criminal contra Jose María Ruiz-Mateos, sus seis hijos varones y una de las empresas de su propiedad por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible y delito contra los derechos de los trabajadores.
Entre los querellantes figura Estrella Torres, secretaria y persona de confianza del empresario durante más de 30 años, informa Legálitas en una nota de prensa. La denuncia se refiere a unos hechos que se remontan a 2010 cuando empleados de varias empresas solventes fueron traspasados a Enjambrera SLU, “creada ad hoc para tal fin y carente de activos”.
El auto por el que se admite la querella acuerda citar en calidad de imputados a Ruiz Mateos y sus hijos, que tendrán que declarar en los próximos días. Los querellantes explican que el empresario les explicó que el traspaso tenía como fin “evitar agravios comparativos entre los trabajadores que prestaban sus servicios para todo el grupo indistintamente”. Sin embargo, “no se liquidaron las indemnizaciones oportunas, en algunos casos millonarias, después de más de 40 años de servicio para las empresas del Grupo Rumasa y Nueva Rumasa”.
“Poco después, entre los meses de mayo y octubre de 2011, los trabajadores recibieron la comunicación de su despido, reconociendo su improcedencia y emplazándolos a que demandasen su indemnización ante los tribunales”, señalan los denunciantes.
“El perjuicio causado a estos trabajadores es claro y resulta de la actuación dolosa, mediante engaño suficiente y abusando de su confianza, en ejecución de un plan premeditadamente concebido, junto con otros, para la ocultación de la auténtica realidad del grupo de empresas Nueva Rumasa, y las verdaderas razones para llevar a cabo determinados actos mercantiles y laborales”, explica Legálitas.
“Para evitar el pago de las obligaciones asumidas con la Hacienda Pública y con la Seguridad Social, las empresas se daban de baja y todos sus activos se traspasaban a otras con el ánimo, presuntamente, de evadir las obligaciones fiscales”, concluyen los abogados de los querellantes.
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