Félix Bolaños y Oriol Junqueras en la firma del acuerdo entre PSOE y ERC. (Foto: PSOE)
“Para dar continuidad al proceso de resolución del conflicto político”, destaca el documento, “el PSOE y ERC han decidido firmar el presente acuerdo político para abrir una segunda fase en el proceso de diálogo, negociación y acuerdo y materializar las visiones que comparten ambas fuerzas en el ámbito político, económico y social”.
Tal y como destaca, “la evolución del conflicto político, a partir sobre todo de los indultos concedidos en junio de 2021 a los principales líderes del proceso independentista, ha resultado positiva al haber favorecido la convivencia, la confianza y las garantías para impulsar la vía de la solución dialogada”. Dicho esto, da cuenta del compromiso por “culminar la desjudicialización a través de la aprobación de una la ley de amnistía”. Una norma, continúa, “para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para afrontar un diálogo y una negociación en unas condiciones óptimas y equilibradas con las que abordar los retos del futuro inmediato”.
Según el pacto también se impulsará el “diálogo institucional entre gobiernos sobre el futuro político de Cataluña” a través de la Mesa de Diálogo “que, una vez consolidada la desjudicialización a través de la ley de amnistía, pasará a una fase de planteamiento, análisis y diálogo sobre propuestas políticas en esta materia”. Esta debe “avanzar a un ritmo constante y satisfactorio para ambas partes, incluyendo reuniones periódicas para abordar todas las propuestas y trabajar sobre mecanismos que posibiliten su viabilidad”.
“Culminar el traspaso integral del servicio de Rodalies a la Generalitat” es otro de los puntos de este acuerdo. “El transporte público y, en concreto, los servicios de cercanías ferroviarios son unos de los principales elementos de vertebración de cualquier país y elementos de cohesión entre los territorios que lo conforman”, afirman ambos partidos. Por ello, “disponer de una red de transporte ferroviario de cercanías es fundamental para garantizar derechos básicos de la ciudadanía, favorecer la cohesión y el dinamismo social y la prosperidad económica de los territorios”.
En este sentido han acordado “culminar y ampliar el traspaso integral de la Administración General del Estado a la Generalitat de Cataluña, a lo largo de la presente legislatura, del servicio de transporte ferroviario de Rodalies”. Respecto a esto, se cederán los recursos económicos “necesarios” para la adecuada gestión de los servicios ferroviarios.
Otro de los puntos “esenciales” alude a la “mejora de la financiación” de Cataluña. “Algunos aspectos del actual sistema de financiación, unido a los condicionantes impuestos por la carga de la deuda que soporta Cataluña, así como a incumplimientos de las obligaciones de inversión contenidas en el Estatuto de Autonomía por anteriores ejecutivos, ha afectado a la autonomía financiera” de esta comunidad, expresan, “y a su capacidad de lograr una financiación en los mercados”.
Según remarcan los dos partidos, “con datos a cierre de 2022, la deuda pública de Cataluña ascendía a 84.518 millones, de los cuales 71.306 millones correspondían a deuda con el Estado”. “Antes de la crisis financiera, en 2007, la deuda pública de Cataluña ascendía a 15.766 millones y a finales de 2014”, continúan, “se situó en 64.466 millones, multiplicando por 4 la cifra alcanzada en 2007, en línea con la evolución del conjunto de las CCAA cuya deuda se multiplicó en el período por 3,8”.
El acuerdo incluye constituir, durante el primer trimestre de 2024, una comisión bilateral entre el Gobierno del Estado y el de la Generalitat para estudiar “cómo lograr una financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos” en esta comunidad.
“Con el fin de sanear la situación financiera de la Generalitat y facilitar su vuelta a la financiación en los mercados de deuda, se procederá a tramitar una modificación legal de alcance general para todas las comunidades de régimen común”, recoge el documento, “que permita la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica con este”. “Lo anterior”, remarca, “se entenderá sin perjuicio de que el FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) pueda seguir operando como sistema de último recurso en el caso de situaciones críticas de mercado”.
Esta operación supondrá la condonación del 20% de la deuda viva en el momento de ejecución de este acuerdo, contraída por la Generalitat con el Estado en los mecanismos de liquidez estatales. Esto supondrá unos 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña, y supondrá un ahorro de en torno a 1.300 millones en intereses.
El citado pacto contempla asimismo un nuevo “sistema de encomiendas de gestión pactado para los Presupuestos Generales del Estado de 2023 relativo a las inversiones del Estado, de modo que las nuevas inversiones para Cataluña que no sean críticas para infraestructuras de interés general, se materialicen por el Gobierno de la Generalitat”.
La Administración General del Estado asume el compromiso de que “la proporción de la inversión pública programada en Cataluña se ajuste a la proporción de la economía de Cataluña en el conjunto del Estado, medido en términos de PIB nominal”.
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