Así lo señala CCOO Sanidad Madrid, que afirma que “ha tumbado” en los tribunales la negativa de la Consejería de Sanidad “al reconocimiento y abono” de las horas extraordinarias realizadas por un facultativo de la Dirección General de Salud Pública durante los meses de marzo a mayo del año 2020 con motivo de la crisis sanitaria del Covid-19.
Tal y como detalla en una nota, el juzgado número 1 de lo Social ha estimado la demanda de CCOO Sanidad Madrid y ha condenado a la Consejería de Sanidad de la comunidad a abonar al trabajador la cantidad de 7.188,3 euros, en concepto de deuda salarial, más el 10% en concepto de intereses de demora. La Administración regional puede interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
“El médico afectado estaba prestando servicios para la Comunidad de Madrid, con la vinculación al Convenio de Personal Laboral de la Administración de la Comunidad de Madrid, en la categoría de Titulado Superior Especialista”, explica el sindicato.
Según expone en una nota, “desde el 29 de febrero al 7 de mayo del año 2020, debido a la situación provocada por la pandemia del Covid, el trabajador se vio obligado a realizar 420 horas extraordinarias”. “En el mes de diciembre del 2021, la Comunidad de Madrid le abonó una cantidad en concepto de 210 horas extraordinarias, reconociendo solo el 50% del total real de las horas extras trabajadas”, denuncia.
Ante esto, CCOO interpuso la correspondiente reclamación previa, pero la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid “hizo caso omiso” de las reclamaciones del trabajador que solicitaba la compensación de las más de 400 horas extraordinarias, realizadas durante los “periodos más duros” de la pandemia, y en jornadas superiores a las 16 horas diarias. Finalmente, el sindicato asegura que “se vio obligado” a interponer una demanda judicial en materia de derechos y cantidades.
CCOO lamenta que se den este tipo de situaciones en las que la Administración Pública “niega el reconocimiento de la labor realizada por los profesionales sanitarios, obligando a los mismos a defender sus derechos judicialmente”. Además, censura la “actitud” del Gobierno de Ayuso “a pesar de la coyuntura extrema en la que se dio la circunstancia que obligó al trabajador a litigar”.
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