El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví.
Compromís quiere que el Congreso cree una comisión de investigación en el Congreso relativa a las «presuntas irregularidades cometidas» por el Rey Emérito, Juan Carlos I, con el objetivo de que en su caso, se determinen «las consiguientes responsabilidades civiles, éticas y políticas».
«Queremos que, por salud democrática, y de la propia institución, se investigue y se determine cuál ha sido el comportamiento del anterior jefe de Estado», ha explicado el diputado de Compromís, Joan Baldoví.
El diputado tiene previsto registrar su petición este jueves pero todo apunta a que la Mesa del Congreso frenará su tramitación, como ha hecho con anteriores peticiones relativas a la exigencia de responsabilidades a quien ha ocupado la Jefatura del Estado, con el argumento de que el Congreso no puede controlar sus actuaciones.
Compromís ha decidido insistir en que se investiguen las actividades del padre de Felipe VI después de la que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón solicitara, en una comisión rogatoria a las autoridades suizas, todas las indagaciones que la justicia del país helvético ha realizado desde 2018 sobre los presuntos testaferros del exmonarca.
El pasado mes de febrero el diario británico ‘Daily Telegraph’ publicó que Álvaro d’Orleans-Borbón, supuesto ‘testaferro’ del Rey Emérito, cobró una comisión de 50 millones por ejercer como mediador en la venta del Banco Zaragozano a Barclays en 2003. Después, en una entrevista con ‘El País’, negó ser el testaferro del ex jefe del Estado aunque admitió haberle pagado «muchos vuelos privados».
Tras todas estas revelaciones, Compromís aspira a que el Congreso indague sobre si el padre de Felipe VI «ha participado en actividades económicas que no le reconoce la Constitución», como la «la adjudicación de contratos» a cambio de «comisiones que no debería haber recibido».
«En un Estado democrático, el jefe del Estado ha de ser transparente, los ciudadanos deben conocer sus cuentas», ha detallado, incidiendo en que el único objetivo de la investigación que reclaman es «averiguar el alcance del comportamiento» de don Juan Carlos y «si ha incumplido» o no el papel que «le tiene reservada la Constitución».
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