El Rey emerito Don Juan Carlos I y la Reina Sofía
La iniciativa lleva la firma de ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP, Más País-Equo, Compromís, BNG y Nueva Canarias. Se trata de la décimo cuarta petición de comisión de investigación sobre el Rey emérito que se registra en lo que va de legislatura y se ha formalizado antes incluso de que la Mesa del Congreso se pronuncie sobre otra similar registrada a finales de junio.
Hace menos de un mes los partidos independentistas, Compromís y Más País-Equo insistieron en la necesidad de que la Cámara abriera pesquisas sobre supuestas irregularidades de los «miembros de la Casa Real y las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí».
Pero ahora, sumando la firma de Nueva Canarias, exigen que se investigue también la supuesta «venta de armas de manera ilegal por parte de Juan Carlos I», desvelada por ‘público.es’. Según este periódico digital, Juan Carlos I habría reunido su fortuna con el dinero que obtenía por la venta de armas a países árabes junto a su amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal y el traficante de armas Adnan Khashoggi.
Estas formaciones quieren que se esclarezca si las exportaciones de armamento realizadas por esta empresa se ajustaron a los cauces legales y administrativos establecidos, así como la existencia de «posibles estructuras opacas»
En este contexto, los firmantes de la iniciativa, recogida por Europa Press, reclaman que la Cámara investigue si las empresas públicas españolas Instituto Nacional de Industria y Fomento del Comercio Exterior, participadas de la sociedad Alkantara Iberian Exports, «sirvieron como pretexto» para que Juan Carlos I «y sus cómplices» se beneficiaran de las posibles actividades de comisionista derivadas de la venta de armas realizada por esa empresa.
Según las informaciones publicadas, Alkantara Iberian Exports se creó en 1978 con sede en Londres, su presidente era el amigo del Rey emérito, y estaba participada en un 25% por el Instituto Nacional de Industria y en otro 25% por Fomento del Comercio Exterior, que formaba parte del Banco Exterior de España, pero operaba desde Panamá.
Además, estas formaciones quieren que se esclarezca si las exportaciones de armamento realizadas por esta empresa se ajustaron a los cauces legales y administrativos establecidos, así como la existencia de «posibles estructuras opacas», con participación del entonces jefe del Estado, para la adjudicación de contratos comerciales.
Piden que se investigue las influencias que las relaciones de la Monarquía española con Arabia Saudí «hayan podido ejercer sobre las relaciones diplomáticas y comerciales del Estado español» con aquel país
La comisión de investigación debería ocuparse, asimismo, de analizar las posibles cuentas irregulares de Juan Carlos I en paraísos fiscales y el origen de sus fondos, así como si incurrió en blanqueo de capitales y las «posibles actividades como comisionista» del padre de Felipe VI y de los responsables jurídicos de las empresas participadas.
Los beneficios de esas supuestas actividades ilícitas también deberían formar parte del objeto de la comisión, a la que se encomendaría, asimismo, la tarea de aclarar si entre los beneficiarios está el actual jefe del Estado, Felipe VI.
Los firmantes de la iniciativa insisten también en que el Congreso investigue las influencias que las relaciones de la Monarquía española con Arabia Saudí «hayan podido ejercer sobre las relaciones diplomáticas y comerciales del Estado español» con aquel país.
«Más allá de las responsabilidades legales o penales, el Poder Legislativo tiene la obligación de investigar los hechos para depurar las responsabilidades políticas que puedan derivarse, así como asumir las medidas que se consideren oportunas para fiscalizar la actuación de la Familia Real y personas vinculadas y evitar que se puedan cometer futuras ilegalidades o actuaciones ilícitas aprovechando la situación privilegiada que ocupan», argumentan estas formaciones.
Esta comisión de investigación como las otras 13 relativas al Rey emérito que se han registrado en el último año y medio no tiene visos de prosperar. La tramitación de todas las anteriores ha sido frenada en la Mesa del Congreso con los votos de PSOE, PP y Vox, alegando que la Cámara no puede ejercer el control sobre el jefe del Estado y que su figura es «inviolable», según la Constitución. Sólo Unidas Podemos ha apoyado la conveniencia de que el Congreso abra pesquisas sobre este asunto.
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