Compromís incluye a tres fundaciones ligadas al PP como “franquistas”

Hace cuatro meses, Compromís denunció en el Senado que la Fundación Francisco Franco no publicó sus cuentas en al menos tres ejercicios, a pesar de que la ley obliga a que los patronatos de fundaciones presenten sus números anualmente. La formación valenciana pidió al Ejecutivo aquellas cuentas y las publicó, denunciando que la fundación en honor del dictador recibió más de 150.000 euros públicos desde 2000 a 2003.

Ahora, Compromís apunta a otras once fundaciones y plataformas ligadas a nombres de la dictadura franquista, pide sus cuentas y que sean ilegalizadas: el senador Carles Mulet ha registrado en la Cámara Alta tanto la copia de sus cuantas anuales desde el año 2000 como cualquier informe o documentación sobre ayudas públicas a estas fundaciones.

Se trata de la Fundación Las Hijas de Millán Astray y Capitán Cortés, la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Yagüe, la Fundación Pro-Infancia Queipo de Llano, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Ramiro Ledesma Ramos y la Fundación Serrano Suñer, además de la Fundación Nacional Francisco Franco.

Pero hay más: también están en esa lista de petición de cuentass las tres fundaciones y laboratorios de ideas ligados al PP, como son FAES, la Fundación Humanismo y Democracia (que ha desbancado a la anterior, la FAES de Aznar, como think tank de referencia popular) y la Fundación Grupo de Estudios Estratégicos.

Compromís alega que la ley de Fundaciones establece que “deberán perseguir fines de interés general, como pueden ser, entre otros, los de defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación para el desarrollo, de promoción del voluntariado, de promoción de la acción social, de defensa del medio ambiente, y de fomento de la economía social, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o culturales, de promoción de los valores constitucionales y defensa de los principios democráticos, de fomento de la tolerancia, de desarrollo de la sociedad de la información, o de investigación científica y desarrollo tecnológico”.

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