Proyecto Castor
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha paralizado los pagos a los bancos titulares del derecho de cobro de la deuda derivada de la indemnización por la clausura del almacén Castor. Tras la anulación de la compensación por parte del Tribunal Constitucional, el organismo regulador considera que estas entidades, Banco Santander, Bankia y Caixabank, “dejan de ser sujetos del sistema de liquidaciones”.
El Gobierno de Mariano Rajoy fijó en 2014 el pago de la indemnización de 1.350 millones de euros a Escal UGS, la concesionaria del proyecto, participada en un 66,7% por ACS. El grupo que preside Florentino Pérez recibió entonces el importe.
En 2015, los tres bancos adquirieron al operador del mercado del gas, Enagás, los derecho de cobro de la compensación, a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años. El pago de estos derechos, que asciende a unos 80 millones de euros anuales, se cargó a los consumidores en el recibo del gas por un plazo de 30 años.
A finales de diciembre, el Tribunal Constitucional declaró “nulos e inconstitucionales” algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que reconocía la indemnización de 1.350 millones de euros, pues entendía que no concurría una “situación de extraordinaria y urgente necesidad” que justificara aprobar un decreto ley para “atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista”.
Más de un mes después de la sentencia, la CNMC señala en su último informe de la liquidación provisional del sector gasista que “como consecuencia de la anulación del artículo 5, se paralizan los pagos destinados a materializar el derecho de cobro contenido en este artículo y sus titulares dejan de ser sujetos del sistema de liquidaciones”. Además, explica que “se eliminan del procedimiento de liquidación del ejercicio en curso, los costes de operación y mantenimiento reconocidos con cargo al sistema gasista”.
Precisamente, esta tarde el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, tendrá que comparecer en el Congreso para informar sobre los planes del Gobierno tras el fallo del Constitucional. Su ministerio, en la orden que establece los peajes y cánones del sistema gasista para 2018, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ya había fijado un pago de 80 millones este año a “los titulares del derecho de cobro con cargo al sistema gasista”.
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