Colectivos por el derecho a la vivienda presionan a Sánchez para que ‘pinche’ la burbuja del alquiler

“Alquileres justos, dignos, estables y regulados”. Esto es lo que exigen los activistas por el derecho a la vivienda al Gobierno de Pedro Sánchez y por ello han convocado -para el lunes 21 de enero- movilizaciones ante las sedes del PSOE reclamando al Ejecutivo que, al menos, cumpla el acuerdo presupuestario que alcanzó con Unidos Podemos de permitir a los Ayuntamientos regular el precio de los arrendamientos en las zonas con subidas más desorbitadas.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y los distintos Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos ha organizado estas protestas a nivel nacional dado que el martes 22 de enero se debatirá y votará el Real Decreto Ley de medidas urgentes, una norma que consideran completamente insuficiente, ya que “no frena ni revierte la burbuja” al no limitar los precios con lo que «únicamente ayuda a blindar las subidas de los últimos años».

Daniel Martínez, uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, hace notar que sin regulación de precio el decreto del Ejecutivo “se queda corto” y advierte que las medidas de ampliación de la duración de los contratos de tres a cinco años, si no incluyen limitación de precios, generan un “efecto rebote” de encarecimiento de los precios a los inquilinos, ya que los propietarios tienden a compensar desde el principio el hecho de no poder subir las rentas durante más tiempo. Algo que ya estaría pasando –según este activista- y que habría comenzado a darse en los contratos de arrendamiento que se han firmado en diciembre y enero “ya que los caseros quieren asegurarse el negocio frente a la tímida ampliación de la duración de contrato, provocando efectos perjudiciales para los arrendadores”.

Es por este motivo, que tanto la PAH como los sindicatos de inquilinos quieren convencer a los socialistas de que retiren el actual Decreto y pongan otro sobre la mesa en el que, al menos, se incluya la regulación de alquileres pactada con Podemos. Dicha regulación permitía a los Ayuntamientos elaborar un índice de precios de referencia y en el caso de considerar que se estaba produciendo un incremento abusivo de la renta se les habilitaba a “declarar temporal y excepcionalmente una zona urbana como mercado tensionado” lo que les facultaba a “regular y limitar las subidas abusivas del precio”.

Sin embargo, Daniel Martínez deja claro que la inclusión de esta esta autorización a los ayuntamientos para que puedan limitar los alquileres es sólo un acuerdo de mínimos, ya que ellos defienden un paquete de medidas mucho más «valientes». Entre dichas propuestas -que dicen haber transmitido al Gobierno y a los grupos parlamentarios en las últimas semanas- estaría “regular los precios del alquiler en base a índices que tengan en cuenta el poder adquisitivo del inquilinato” y acabar con “las expulsiones injustificadas”, puesto que estos colectivos opinan que los contratos deben ser renovados a no ser que el propietario demuestre que necesita la vivienda.

También reclaman “el fin de los fondos buitre”, ya que creen que “imperativo eliminar las SOCIMI, vehículos financieros que gozan de enormes privilegios fiscales, y que permiten que los fondos buitre especulen masivamente con nuestros hogares y sean punta de lanza de la nueva burbuja inmobiliaria”.

Además, estiman necesario la movilización de las viviendas vacías, en el convencimiento de que “en un contexto de emergencia habitacional (180 desahucios al día), debe penalizarse la vivienda vacía y plantearse su expropiación como herramienta para garantizar su función social, evitar la escasez artificial y frenar la especulación». Finalmente, exigen poner coto a los abusos de los intermediarios y piden que los honorarios sean asumidos por los arrendadores, para quienes trabajan la práctica totalidad de agencias inmobiliarias, y nunca por los inquilinos.

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