Clavijo cree que si PP rechaza el reparto de menores el mensaje es claro: "España es Madrid y el resto somos de segunda"
La tensión política y la crispación en Madrid han llevado a un punto muerto la situación de los menores migrantes. Clavijo responsabiliza al Gobierno de incumplir el auto del Tribunal Supremo que obliga a integrar a estos niños en la red de protección internacional.
El presidente canario subrayó que solo la amenaza de multas coercitivas por parte del Supremo ha obligado al Ejecutivo a mover ficha. «Solo cuando el Supremo amenaza con sanciones, el Gobierno actúa», denunció Clavijo, citando la carta de la secretaria de Estado de Migraciones solicitando una reunión.
El portavoz socialista, Sebastián Franquis, acusó a Clavijo de mirar para otro lado mientras las comunidades del PP, socio del Gobierno canario, bloquean el reparto. Clavijo replicó que Canarias está así porque el Gobierno de España lo ha querido y advirtió que no le temblará la mano si tiene que acudir a los juzgados para exigir el cumplimiento de la Ley de extranjería, recientemente modificada para facilitar la distribución de los menores migrantes.
«No hay solidaridad ni voluntad política. Los movimientos los ordena la justicia, no el respeto a los derechos humanos de estos niños y niñas», afirmó Clavijo
Franquis criticó la pasividad de Clavijo, acusándolo de ser cómplice de la deslealtad institucional del PP. «Su comportamiento no es neutralidad, es complicidad», aseguró el portavoz socialista, quien lamentó la falta de liderazgo del presidente canario ante el veto de su socio de Gobierno.
El portavoz de Vox, Nicasio Galván, aprovechó para atacar a la Conferencia de Presidentes, calificándola de «reparto de prebendas al separatismo». Para Galván, la prioridad fue la financiación singular para Cataluña y las cesiones al PNV, al que calificó de «racista y supremacista».
Clavijo, sin embargo, agradeció al PNV y al lehendakari, Imanol Pradales, por su apoyo constante al reparto de menores migrantes, y acusó a Vox de fomentar que las comunidades autónomas incumplan la ley.
Clavijo concluyó que, ante la crispación política y la falta de acuerdos, solo queda confiar en el poder judicial para proteger los derechos de los menores. «La solidaridad interterritorial está bloqueada. Canarias sigue afrontando en solitario un drama que no tiene fin porque ni el Estado ni las comunidades quieren compartir la responsabilidad», sentenció.
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