Carmen Calvo, Carmen Calvo, secretaria de igualdad del PSOE
El Gobierno ha anunciado su decisión de incluir el consentimiento expreso en los delitos sexuales en el Código Penal. Sin embargo, la medida no ha terminado de convencer a algunos grupos parlamentarios. En concreto, a Ciudadanos y al Partido Popular, aunque estos últimos se han mostrado abiertos a facilitar la reforma.
Podemos ha manifestado su apoyo al anuncio de la vicepresidenta Carmen Calvo. “Si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no”, ha asegurado la también ministra de Igualdad. La formación morada ha recordado que es una reforma que llevan “tiempo” reclamando.
A pesar de esta buena acogida por parte de Podemos, la portavoz de Igualdad del PP en el Congreso, Carmen Dueñas, ha manifestado a Europa Press sus “dudas desde el punto de vista jurídico”, sobre todo, por ver “cómo se articularía a efectos probatorios para demostrar ese consentimiento o no”.
No obstante, Dueñas ha apuntado están “atentos a cómo se articula la propuesta”, aunque “es imprescindible seguir trabajando en educación, prevención, concienciación, formación de todos los operadores que intervienen en el proceso”. Asimismo, Fernando Martínez Maillo ha adelantado que estudiarán toda propuesta “que refuerce la protección de las mujeres”.
Más contundente y crítica se ha mostrado la portavoz adjunta de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, que ha tachado de “ocurrencia” la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez. Es más, ha censurado que se utilice al Convenio de Estambul para argumentar esta medida.
Según la formación naranja el convenio sostiene que el consentimiento “debe prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio de la persona considerado en el contexto de las condiciones circundantes”. “Creemos en una aplicación del Convenio de Estambul de manera seria y fiable, no creemos en las interpretaciones y ocurrencias de la ministra Calvo”, ha señalado Rodríguez.
En este sentido, la diputada de Ciudadanos ha censurado que “lo que Calvo hace es una interpretación de su propia cosecha”. Por ello, ha exigido al Ejecutivo central porque “huya de la política del titular” y ha pedido una manera “más seria y ordenada” de abordar este debate.
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