La Audiencia Nacional interroga este jueves a la representante de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenida esta semana y a la que la Fiscalía acusa de rebelión y terrorismo por estar al mando de “actos de sabotaje”. El Ministerio Público basa su acusación en el polémico artículo 573 del Código Penal que define los delitos de terrorismo. Un artículo que fue modificado por el PP y PSOE en 2015 y que contó con la abstención de CiU.
Entonces era Convergençia i Unió. El grupo parlamentario lo conformaban 16 diputados, entre ellos Carles Campuzano y Josep Antoni Duran i Lleida. Todos ellos – salvo dos – decidieron abstenerse cuando el Congreso de los Diputados votó la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo.
Aquella proposición, acordada entre el PP y el PSOE después de los atentados de Charlie Hebdo en Paris, planteaba la modificación del artículo 573 del Código Penal en los siguientes términos.
“Se considerarán delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio […] cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades”.
Entre las finalidades contempladas en dicho artículo: Subvertir el orden constitucional, desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, o alterar gravemente la paz pública.
El diputado de Iniciativa Los Verdes, Joan Coscubiela, advirtió a los convergentes de que aquella reforma podría ser aplicada en el futuro en Cataluña.
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PP y PSOE consiguieron el apoyo de UPN, Coalición Canaria y Foro Asturias en aquella proposición de ley así como la abstención de CiU y UPyD.
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