La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador. - Diego Radamés - Europa Press
La situación judicial de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se complica.
La jueza Inmaculada Iglesias ha decidido citar al empresario en calidad de investigado para el próximo 10 de abril, después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya respaldado la apertura de una pieza separada para investigar posibles nuevos delitos.
En concreto, la investigación se centrará en un supuesto delito de corrupción en los negocios y otro de administración desleal relacionados con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, sociedad que recibe anualmente millonarios contratos de la Comunidad de Madrid.
La decisión llega tras el rechazo por parte de la Audiencia Provincial de Madrid al recurso presentado por la defensa del empresario contra la apertura de esta investigación separada. Según los jueces, las operaciones económicas realizadas por González Amador «podrán o no tener el alcance que se reseña», pero debe ser la investigación judicial la que determine finalmente si existieron delitos.
La Audiencia Provincial da luz verde para investigar si González Amador pagó presuntas comisiones encubiertas al entorno directivo de Quirón Prevención
Aunque inicialmente la Fiscalía era partidaria de alcanzar un pacto con el empresario, en el que González Amador reconocería delitos fiscales a cambio de evitar prisión, la presentación del recurso contra la ampliación de la investigación llevó al Ministerio Público a modificar radicalmente su postura. Ahora, la Fiscalía aprecia claros indicios de un posible delito de corrupción en los negocios, solicitando además ampliar el alcance del delito fiscal que se le atribuye.
El Ministerio Público investiga un posible soborno camuflado como comisión que implicaría directamente a la cúpula de Quirón Prevención
En esta nueva pieza, la jueza indagará especialmente sobre un supuesto pago encubierto de aproximadamente medio millón de euros, calificado por el fiscal como un posible «soborno», destinado a la esposa de Fernando Camino. Quirón Prevención es parte del Grupo Quirón, uno de los mayores contratistas de la sanidad pública madrileña, lo que añade aún más relevancia política a la investigación.
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