Empresa
En España, actualmente, hay casi 3 millones de empresas en activo. Si incluimos entre los autónomos a aquellos que no han montado ningún negocio ni tienen trabajadores a su cargo, la cifra se eleva aún más.
A partir de 2026, tanto los negocios como los trabajadores por cuenta propia habrán de contar con un programa informático que, como Cegid, haya sido expresamente diseñado para emitir facturas en formato electrónico.
Según indica el Gobierno de España, este cambio en el sistema habitual combatirá el fraude fiscal, pues la empresa o el autónomo remitirá directamente los documentos pertinentes a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Esta entidad pública, adscrita al Ministerio de Hacienda, se ocupa de recaudar impuestos como el IVA, que (exceptuando algún caso) los autónomos y las empresas —a modo de intermediarios— están obligados por ley a cobrar a sus clientes para, posteriormente, hacérselo llegar a la AEAT.
Esto significa que las facturas que, hasta ahora, se realizaban en Word y Excel dejarán de ser válidas. En su lugar, se impulsarán softwares que cumplen con el «Reglamento Veri*factu», que es como se le conoce popularmente al Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre.
Este sistema impulsa todavía más la automatización y digitalización de las empresas y los autónomos en una sociedad española donde, prácticamente, la totalidad de los negocios con más de 10 empleados (el 99,58 % según el INE) utilizan ordenadores y venden y compran en establecimientos de e-commerce (una tercera parte aproximadamente).
Por tanto, es importante que los desarrolladores de programas como Cegid, los empresarios y los autónomos apunten en sus respectivos calendarios las tres fechas que les permitirán cumplir con la nueva normativa legal de facturación electrónica, que viene acompañada de otra novedad: la ley de fichaje digital obligatorio.
Ambos cambios iban a implementarse este 2025, pero se ha decidido ampliar el margen a un año más.
La facturación electrónica llega impulsada por la Ley Crea y Crece, una normativa que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, ha elaborado para promover la creación y crecimiento de las empresas españolas. Concretamente, la Ley Crea y Crece se centra en las pymes, pues son las que predominan en el tejido empresarial del país.Entre los cambios que se han introducido para conseguir este propósito, distinguimos:
Por tanto, como la facturación electrónica dejará de ser una propuesta para transformarse en una realidad en 2026, los desarrolladores de programas informáticos, los empresarios y los autónomos necesitan marcar en su agenda tres fechas:
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública afirma que automatizar la facturación supone un considerable ahorro en papel y envío postal.
Aparte de esto, podemos mencionar como ventaja la inmediatez con la que los procedimientos habituales se resuelven cuando se implementan los últimos avances tecnológicos e informáticos.
Sobre la nueva ley de factura electrónica, la Agencia Tributaria señala como punto fuerte que los SIF que se ajustan al sistema VeriFactu incorporan por sí mismos todas las medidas de autenticación que, en los sistemas de facturas no verificables, había que incluir adicionalmente.
Además, estos SIF remiten las facturas electrónicas de forma directa y a través de Internet.Otra característica que también destaca la Agencia Tributaria es la inalterabilidad de los registros de las facturas.
Sin embargo, el principal motivo que alega para que programas como VeriFactu se implementen es la lucha contra el fraude (la inalterabilidad aportaría aquí su granito de arena).
Con softwares como Cegid adaptado a VeriFactu, se espera reducir la morosidad en España. Ahora mismo, la Agencia Tributaria tiene en su lista de morosos el nombre de sociedades anónimas y limitadas con más de 600.000 euros de deudas.
Por su parte, Cegid (sobre su software de facturación electrónica) apunta como ventajas los siguientes aspectos:
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