Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han presentado este lunes una iniciativa sindical por el derecho a la vivienda en la que plantean que se puedan fijar precios máximos de alquiler en España a través de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Según ambos, esta medida es necesaria para garantizar el acceso de la población a una vivienda con precios “razonables”.
Según ha recordado Sordo y recoge Europa Press, el alquiler medio mensual en España ronda los 674 euros, pero existen “enormes” diferencias territoriales entre unos sitios y otros. “Para el 55% de los hogares pagar este precio medio del alquiler supone destinar más de un tercio de sus ingresos mensuales”, ha afirmado.
Ante esto, los sindicatos apuestan por que existan estadísticas oficiales fiables con el mayor nivel de desglose territorial posible sobre el nivel y la variación del coste medio del alquiler para poder llevar a cabo esta limitación de los precios máximos de alquiler. Por ello, creen que se debe crear una comisión con participación de las diferentes administraciones implicadas, que anualmente identifique y actualice las zonas tensionadas de alquiler, cruzando los precios de alquiler y la renta disponible de los hogares, lo que “permitirá identificar anualmente las zonas prioritarias de actuación de las administraciones públicas”.
No obstante, la iniciativa sindical dice que la limitación de los precios será temporal, y revisable anualmente. Para ello, dependerá de lo que persista en una zona determinada la elevada carestía del alquiler medio en relación al ingreso medio de los hogares.
CCOO y UGT han instado al Gobierno a legislar y regular en su ámbito de competencias y a impulsar actuaciones en materia de vivienda social. También creen que debe plantear un “ambicioso” Plan de Vivienda, Alquiler y Rehabilitación, que esté dotado de fondos suficientes y sostenidos en el tiempo y que focalice los recursos públicos en el alquiler “asequible” y en un parque público de vivienda de alquiler.
Además, consideran que se debe impulsar un Programa de Alquiler “seguro y asequible” para captar viviendas desocupadas, rehabilitarlas cuando sea necesario e introducirlas en un sistema de alquiler seguro para el arrendador y asequible para el arrendatario.
Para CCOO y UGT, el objetivo es que el presupuesto de la política de vivienda alcance inicialmente el 0,3% anual del PIB en cuatro años (entre 3.600 y 4.000 millones al año). No obstante, consideran que a medio plazo el objetivo debe ser el de alcanzar el 1% del PIB.
Los sindicatos cifran en 2.980 millones de euros el coste anual que tendría este Plan de Alquiler Público y Social, que recoge un primer eje de medidas que aborde la regulación y actuación sobre el mercado del alquiler y en una segunda fase un plan de alquiler público y social a partir de suelo público y privado para promover un parque público de alquiler. En su opinión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene que ser “valiente” y no limitarse a medidas “de buena voluntad, sino que plantee medidas efectivas para reducir el precio de los alquileres máximos”.
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