UGT y CCOO
CCOO y UGT han propuesto en un documento enviado al Gobierno y a CEOE y Cepyme una serie de medidas extraordinarias para abordar el problema laboral del coronavirus que pasaría por la aprobación urgente de un Real Decreto-ley en el que se habilite un fondo de ayuda extraordinario para cubrir las medidas que plantean.
Entre ellas se encuentra el establecimiento de una prestación de carácter extraordinario que cubra el 100% de la pérdida de ingresos en los casos en los que se suspenda un contrato de trabajo por cuarentena, cierre de centros escolares, de centros de día o restricciones de movilidad y sin exigir para su percepción ningún periodo de carencia.
En el caso de los empleados públicos afectados por estas situaciones, los sindicatos piden contemplarlas como un supuesto de permiso retribuido.
También proponen que se trate como enfermedad profesional la consideración de aislamiento preventivo sufrido por los trabajadores afectados por el coronavirus; que no se exija periodo de carencia para tener derecho a la prestación; que ésta se complemente hasta alcanzar el 100% de las retribuciones, y que se establezca el desarrollo reglamentario del procedimiento de tramitación para la gestión de la IT, incluyendo el mutualismo de la Función Pública.
Reclaman además que se articule un procedimiento específico para los supuestos en los que, siempre que el empresario justifique debidamente la concurrencia de causa, previo acuerdo con la representación sindical, se decida proceder a la suspensión total o parcial de la actividad laboral o reducciones de jornada, requiriéndose además autorización por parte de la Autoridad Laboral.
En estos supuestos, piden que se permita acceder a las prestaciones incluso aunque los trabajadores carezcan de los periodos de cotización necesarios para tener derecho a las prestaciones por desempleo. Igualmente, reclaman que el periodo de tiempo en el que se perciban tales prestaciones no se computen como consumidos.
En su opinión, los escenarios en que pueden verse tanto los trabajadores como las empresas «no encuentran respuesta adecuada en la actual normativa laboral y de Seguridad Social, resultando insuficientes».
Así, denuncian que tanto el criterio de la Seguridad Social sobre considerar baja por enfermedad común los periodos de aislamiento preventivo como la Guía publicada por el Ministerio de Trabajo «carecen de rango normativo y no ofrecen soluciones a las situaciones generadas por el coronavirus».
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