En un comunicado conjunto, ambos sindicatos han criticado la «incomprensible oscilación constante de mensajes y posiciones del Gobierno» en cuestiones tan sensibles como ésta. «La capacidad del Gobierno para complicar los procesos de negociación no parece tener límites», afirman.
Los sindicatos aseguran que esta cuestión no está recogida en las recomendaciones del Pacto de Toledo votadas en el Congreso en noviembre de 2020 y emplazan al Gobierno a cumplir, «cuanto antes», lo pactado en el acuerdo del pasado julio en las materias que aún están por desarrollar.
«El compromiso de una eventual ampliación del periodo de cálculo de las pensiones hasta los 35 años a finales de 2022, que produjo diferencias públicas dentro del Gobierno, no aparece explícito en el Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Gobierno debe responder y explicar su compromiso con la UE», han indicado, y han añadido que la «habilidad» del Gobierno para ponerse trabas a sí mismo «es digna de estudio».
UGT y CCOO afirman conocer bien cómo funciona y lo que significa actuar sobre el periodo de cálculo; a quién le reduce la expectativa de pensión y a quién se la mejora, así como sus efectos en cuanto a reducción de gasto en pensiones y las diferentes formas de corregirlo.
«Resulta difícilmente comprensible que se coloque en el centro del debate una medida tan controvertida cuando el diálogo social y el Pacto de Toledo han demostrado su capacidad de intervención sobre múltiples aspectos del sistema de pensiones con el objetivo de mantener y reforzar su nivel de cobertura en el futuro», señalan.
Ambos sindicatos recuerdan que en este momento hay aún problemas o cuestiones por resolver en algunas materias que quedaron pendientes de cerrar en el acuerdo de julio, entre ellas el mecanismo de equidad intergeneracional; la cotización por ingresos reales del trabajo autónomo: la cotización de todos los jóvenes en prácticas no laborales; la equiparación de las pensiones de viudedad de parejas de hecho; o la mejora de la protección por enfermedad de personas con contratos fijos discontinuos en el campo o la de cuidadores de personas dependientes.
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