CCOO se personará como acusación particular en el ‘caso Lezo’

El sindicato Comisiones Obreras ha anunciado este martes que personará como acusación particular en el juicio de la ‘operación Lezo’ en relación al “saqueo” que se ha producido en el Canal de Isabel II durante los años de gobierno de Alberto Ruíz Gallardón, Esperanza Aguirre e Ignacio González.

Jaime Cedrún, secretario general de CCOO de Madrid, considera que las principales víctimas de la “vergüenza” acaecida al calor del Canal han sido, además de los consumidores, los propios trabajadores de la entidad, que han sufrido acoso laboral y distintas sanciones por denunciar el proceso de privatización y la “opacidad” que imperaba en el Canal durante las administraciones de González, Aguirre y Gallardón.

“Han sido días muy duros”, resume Emilio Torres, representante de CCOO entre los trabajadores del Canal de Isabel II. Torres ha detallado cómo la administración de Aguirre y González abrieron expediente a dos trabajadores por denunciar lo que ahora parece un hecho: el ‘fraude’ llevado a cabo en el Canal.

CCOO y los trabajadores de la entidad, exigen una reversión de esas sanciones, así como una petición de disculpa institucional. Además, consideran que la mejor forma de solucionar el entuerto pasa por devolver al Canal de Isabel II la condición plena de ente público (acabar con la sociedad mercantil Canal Gestión) y que la Asamblea de Madrid trate el “escándalo” de forma detallada.

“Cristina Cifuentes tiene que dar explicaciones a la ciudadanía de lo que está pasando”, asegura el secretario general de CCOO en Madrid.

“Algo sucio estaba pasando”

A pesar de que la presidenta de la Comunidad de Madrid haya tratado de otorgarse a sí misma la medalla de ser la primera que denunció la gestión de la anterior administración en relación al Canal de Isabel II, los datos revelan cómo fueron los trabajadores los primeros que pusieron el grito en el cielo.

Fue en 2009 cuando se realizó la primera denuncia. El campo de Golf en el parque del Canal y la “operación colombiana” despertaron aquellas sospechas.

Más tarde, en 2011, se instaura la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II. En 2012, se crea el Canal Gestión, “un nuevo impulso para la apropiación de los recursos”. Eso se tradujo en el deterioro de las condiciones laborales que no supuso un beneficio para la empresa.

Al revés, más de 1.000 millones de deuda y los únicos beneficios anuales que hubo “se repartieron entre unos pocos”.

Ante estas cifras, los trabajadores eran conscientes “de que algo sucio estaba pasando”. En cualquier caso, admiten que a partir de 2015, con el cambio de administración, la situación mejoró radicalmente.

Acceda a la versión completa del contenido