Las Ramblas, Barcelona
El 1-O llegó después de varias semanas maratonianas donde los episodios tildados de históricos se sucedieron entre registros policiales y órdenes judiciales destinadas a impedir el mayor frente (pacífico) que se ha encontrado la Constitución desde su nacimiento en 1978. El referéndum, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, llega con victorias y derrotas en cada sector que anticipa un sabor agridulce al final de la jornada de hoy.
El bloque independentista ha conseguido revertir el tabú que suponía la secesión en muchas partes de España y trasladar por momentos el debate del derecho a la autodeterminación a una cuestión sujeta a los derechos civiles. La labor del Gobierno de Mariano Rajoy y del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha influido en que muchos de los denominados ‘equidistantes’ hayan acabado por mostrar cierto afecto a una consulta que en un inicio rechazaban.
El Gobierno, el ‘bloque constitucionalista’ y las altas instituciones del Estado, por su parte, han conseguido evitar la celebración operativa de un referéndum declarado ilegal por el Constitucional. Con sus acciones judiciales y políticas, el operativo de la consulta ha quedado tan sumamente debilitado que el resultado (si lo hay) estará lleno de matices y lagunas democráticas.
En las derrotas de cada sector, las evidentes. La Generalitat se ha saltado repetidamente la ley, no ha conseguido pactar un referéndum con las mínimas garantías y no ha obtenido reconocimiento internacional (aunque sí repercusión). Cuesta imaginar, por ejemplo, que una hipotética declaración unilateral de independencia obtenga el reconocimiento de algún Estado.
El Gobierno, por su parte, ha ganado el frente constitucional pero ha perdido, para muchos, la legitimidad. Su falta de diálogo así como judicializar el conflicto político ha derivado en que en muchos momentos parecía que el fiscal general del Estado era el máximo encargado de solventar un referéndum respaldado, como mínimo, por la mitad de la población catalana.
Colegios, votantes y mesas
Los 2.315 colegios y centros cívicos habilitados – la mayoría intervenidos por la policía – para el referéndum abren sus puertas de 9 de la mañana a 20:00. Durante esas horas, 5,3 millones de personas están llamadas a participar en un referéndum que, según una encuesta de eldiario.es, podría alcanzar un 60% de participación. Es decir, cerca de 3 millones de votantes. Sin embargo, el bloqueo del sistema telemático de la Generalitat, unido a el cierre de muchos colegios electorales, entre otras muchas acciones narradas anteriormente, provoca que la Asamblea Nacional Catalana considere el 1-O "un éxito" si en él participan al menos un millón de personas.
A pesar de todo, la Generalitat asegura contar con fórmulas para garantizar que todos los ciudadanos puedan votar aunque se cierren los centros de votación. Fórmulas que no ha explicado todavía.
Para la jornada se han organizado 6.249 mesas electorales, cuyos integrantes podrían arriesgarse a recibir multas de entre 40.000 y 300.000 euros por violación de datos personales. Para que todo vaya según lo previsto por el Govern, el referéndum contará con más de 7.000 voluntarios que velaran por el buen trascurso de la jornada.
Durante estas últimas semanas se han incautado millones de sobres y papeletas ("¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?"). Muchas urnas también han sido requisadas y custodiadas por diferentes fuerzas de seguridad. Sin embargo, la Generalitat presentó este viernes en sociedad la urna que se empleará este domingo.
Restricción del espacio aéreo y despliegue policial
El Gobierno ha decidido restringir el espacio aéreo de la ciudad de Barcelona desde el viernes hasta el lunes, ambos inclusive, con el objetivo de garantizar la seguridad. Eso es al menos lo que asegura el ministerio de Fomento a EL BOLETÍN. Durante estos días ningún helicóptero ni avioneta podrá sobrevolar la ciudad Condal.
Esta medida en aras de la seguridad se une al mayor despliegue policial nunca antes visto en democracia. 38.000 agentes – Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana – velarán por el cumplimiento de la ley y para evitar posibles altercados, aseguran a este diario.
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